Un estudio realizado por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia ha arrojado luz sobre las implicaciones de la iniciativa de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según el análisis, esta propuesta conlleva una total militarización de la seguridad pública a nivel federal y afecta la impartición de justicia en el país.
La reforma propuesta no solo otorgaría facultades ilimitadas en materia de seguridad pública a la Sedena, sino que también incrementaría su número de efectivos en 118 mil y asignaría un presupuesto considerable, colocándola solo por debajo de las secretarías de Educación y Bienestar.
La iniciativa, presentada el pasado 5 de febrero, busca reformar diversos artículos de la Constitución para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena y reconocerla como parte de la Fuerza Armada Permanente. Esto implicaría que la Guardia Nacional esté sujeta al fuero militar, ampliando las facultades del presidente para disponer del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad pública ordinaria.
Además, la propuesta otorga a la Guardia Nacional, de origen militar, la facultad de investigación bajo la dirección del Ministerio Público. El traslado de personal naval y militar de la Guardia Nacional a la Sedena supone la salida del personal civil de la Policía Federal de la institución, transfiriéndolo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa ya se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se espera que genere un amplio debate sobre su impacto en la seguridad pública y la justicia en México.