Vecinos de la alcaldía Benito Juárez celebran fallo judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad de México a entregar datos sobre la calidad del agua, tras años de controversia y ocultamiento.
Un juez ha dictaminado que el Gobierno de la Ciudad de México debe entregar toda la información relacionada con la calidad del agua en la alcaldía Benito Juárez, en respuesta a las denuncias de contaminación presentadas por los vecinos. Esta orden judicial surge después de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) clasificara dicha información como reservada por tres años, con posibilidad de extensión por dos años más, bajo el argumento de que su divulgación comprometería una investigación en curso por el delito de sabotaje.
El conflicto se intensificó en abril cuando los residentes de Benito Juárez llevaron a cabo un bloqueo en la alcaldía, cerrando la avenida Insurgentes en su cruce con Xola. Este acto de protesta tenía como objetivo presionar a las autoridades capitalinas para que realizaran revisiones exhaustivas del agua, que los vecinos aseguraban estaba contaminada. La falta de respuesta concreta por parte de las autoridades solo aumentó la frustración y la desconfianza de la comunidad.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Lammoglia Abogados SC, representando a los vecinos, emitió un comunicado celebrando la decisión judicial. «Con esta decisión, se logra el acceso a toda la información que tiene el gobierno con respecto a la calidad del agua en la alcaldía Benito Juárez, sin que exista posibilidad de que las autoridades reserven el acceso a la misma», afirmó el consejo, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión de recursos vitales como el agua.
El comité de transparencia de Sacmex había justificado la reserva de la información argumentando que su divulgación podría comprometer la investigación de un supuesto sabotaje. Sin embargo, esta postura fue ampliamente criticada tanto por ciudadanos como por periodistas, quienes presentaron alrededor de 50 solicitudes de información que fueron rechazadas bajo este pretexto. La reciente orden judicial marca un cambio significativo en esta narrativa, priorizando el derecho de los ciudadanos a acceder a información crucial sobre su entorno.
El equipo legal de los vecinos ha sido enfático en señalar las omisiones de las autoridades en abordar las preocupaciones ciudadanas. Según el grupo de defensa, la falta de disponibilidad de información oportuna, completa y veraz sobre la calidad del agua constituye una violación a los derechos humanos de los residentes de Benito Juárez. Además, subrayan la obligación de las autoridades de investigar las causas de la contaminación del agua y sus consecuencias para la salud pública.
Esta situación ha llevado a la presentación de varios amparos en contra de la omisión de las autoridades, buscando resarcir las violaciones a los derechos de los vecinos. El fallo judicial reciente es un paso importante en esta lucha, ofreciendo esperanza de que se esclarezcan las causas de la contaminación y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a agua potable segura.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, este fallo judicial no solo representa una victoria para los vecinos de Benito Juárez, sino también un precedente importante para otras comunidades que enfrentan problemas similares. La divulgación de la información sobre la calidad del agua permitirá a los residentes tomar decisiones informadas y ejercer presión para que se implementen soluciones efectivas a largo plazo.
El Gobierno de la Ciudad de México ahora tiene la responsabilidad de cumplir con esta orden y demostrar su compromiso con la transparencia y la protección de la salud de sus ciudadanos. La comunidad de Benito Juárez, por su parte, permanece vigilante y unida en su demanda de justicia y agua limpia.