Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, ha alertado sobre una «práctica sistémica» del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para estigmatizar a jueces y magistrados que emiten resoluciones desfavorables a su administración, calificándolos de «corruptos».
En una carta dirigida a López Obrador, Satterthwaite señala que legisladores de Morena y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) habrían agredido y amenazado a jueces por decisiones contrarias a sus intereses.
Además, indica que las autoridades mexicanas presentan de manera descontextualizada las resoluciones judiciales para acusar a los jueces de actuar fuera del marco legal y favorecer a delincuentes.
Desde 2019, esta práctica se habría intensificado, con el presidente utilizando sus conferencias matutinas para atacar a jueces con acusaciones de corrupción y conflictos de interés.
Estas declaraciones también han sido replicadas por otros funcionarios, como el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, en su sección quincenal «Jueces que favorecen a delincuentes».
Satterthwaite advierte que estos ataques buscan minar la confianza pública en el Poder Judicial, generando acoso y amenazas contra jueces, lo cual podría disuadirlos de tomar ciertos casos por temor a represalias.
La relatora insta al gobierno a proteger los derechos y libertades de los jueces y a sancionar a los responsables de las violaciones alegadas. Su carta llega en un momento crucial, en medio de la discusión sobre la reforma judicial de López Obrador, que propone la elección popular de jueces y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, anunció que esta iniciativa será discutida ampliamente en la próxima legislatura.
López Obrador reconoció los posibles riesgos de su propuesta, pero defendió la iniciativa afirmando que «el pueblo se equivoca menos». «No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo», declaró el presidente, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la elección de miembros del Poder Judicial.