La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no modifique el artículo de la Constitución que establece la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). En un comunicado, la FGR informó que durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se decidió por unanimidad que se debe mantener intacto el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución, argumentando que es esencial para la protección de las víctimas y la sociedad.
Esta petición surge en el contexto del análisis de un proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone eliminar la PPO del Artículo 19 de la Constitución. Esta propuesta responde a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado al Estado mexicano a eliminar la PPO por considerarla violatoria de los derechos humanos.
La FGR ha calificado esta solicitud como una «injerencia de terceros» y subraya que la Constitución Federal debe prevalecer sobre cualquier sentencia del Tribunal Interamericano, argumentando que la Constitución es la ley suprema del país y su validez no puede ser anulada por tribunales internacionales.
La postura de la FGR se alinea con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado la interferencia de tribunales internacionales en asuntos internos de México, advirtiendo que preferir la norma internacional sobre la nacional podría poner en riesgo la soberanía del país y permitir que autoridades extranjeras influyan en la organización y funcionamiento de México sin conocer el contexto de violencia y delincuencia del país.
El 16 de abril, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, también advirtió que la SCJN «excedería sus funciones» si decide eliminar la PPO de la Constitución. En una conferencia matutina, Alcalde defendió la figura de la PPO, argumentando que su eliminación podría llevar a la liberación de 68,000 presuntos delincuentes actualmente bajo prisión preventiva oficiosa, incluyendo:
- 11,640 presuntos homicidas
- 7,150 presuntos secuestradores
- 5,617 presuntos violadores
- 4,013 presuntos narcotraficantes
- 3,800 personas por presunta portación de armas y explosivos
- 1,273 presuntos feminicidas
- 1,273 personas por presunto abuso infantil y corrupción de menores
- 405 personas por presunta delincuencia organizada
Estas cifras, según Alcalde, demuestran el impacto significativo que tendría la eliminación de la PPO en la paz y seguridad del país.