El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha reafirmado su compromiso de seguir adelante en su lucha legal contra dos importantes fabricantes de armas en Estados Unidos. Esta semana, la SRE solicitó a la Corte de Boston que prosiga el juicio civil contra Smith & Wesson Brands, Inc. y Witmer Public Safety Group, Inc., empresas señaladas por facilitar la entrada de armas en territorio mexicano, que terminan en manos de cárteles y organizaciones criminales.
En un comunicado emitido por la cancillería mexicana, se destaca que la Corte estadounidense llevó a cabo una audiencia para dar seguimiento a la demanda presentada en 2021 contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas. El gobierno mexicano, que continúa evaluando sus opciones legales, instó a que el juicio siga su curso, argumentando que las armas producidas por Smith & Wesson representan una proporción significativa de las armas aseguradas en México.
“La batalla legal no se detendrá aquí”, declaró un portavoz de la SRE. “México no puede quedarse de brazos cruzados mientras estas empresas contribuyen de manera indirecta a la violencia que asola a nuestro país. Las armas que fabrican y distribuyen están alimentando un ciclo de violencia que debe ser detenido”.
El tribunal de distrito ha programado una nueva audiencia para el 2 de octubre de 2024, fecha en la que se espera que se discutan los próximos pasos del caso. Además, se espera que el máximo tribunal estadounidense decida en septiembre si revisará el caso.
La demanda, presentada en 2021 por el entonces canciller Marcelo Ebrard, sostiene que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en México provienen de Estados Unidos, y que anualmente alrededor de 340,000 armas cruzan la frontera provenientes de empresas estadounidenses. Según el gobierno mexicano, esta situación es un resultado previsible de las prácticas comerciales de las compañías demandadas, que incluyen trabajar con vendedores corruptos y diseñar armas fácilmente modificables para ser automáticas.
“La ola de armas militares en México no es una casualidad, sino un reflejo de las decisiones deliberadas de estas empresas”, argumentó Ebrard en su momento. “Estas compañías no solo producen armas, sino que también las promueven de manera que atraen a organizaciones criminales trasnacionales”.
El gobierno mexicano busca varios objetivos con esta demanda, entre ellos, que se emitan fallos solidarios contra las empresas demandadas, que se presenten medidas cautelares para reducir y mitigar el daño causado, y que se ordene la creación de estándares más estrictos para monitorear la distribución de armas.
En septiembre de 2022, el juez Dennis Saylor desestimó la demanda en su totalidad, alegando que las empresas contaban con inmunidad bajo la ley federal estadounidense de comercio de armas. Sin embargo, esta decisión fue revertida posteriormente por un tribunal de apelaciones, lo que permitió que el caso continuara su curso. México asegura que el juez Saylor no tomó en cuenta la evidencia presentada y que la decisión inicial no exime a las empresas de su responsabilidad. “Es inadmisible que un juez desestime una demanda de tal magnitud sin analizar adecuadamente la evidencia”, afirmó un representante de la SRE. “No se puede ignorar el hecho de que estas empresas, aunque operan en Massachusetts, tienen un impacto directo en la seguridad de México”.
La cancillería también subrayó que varios países, estados y organizaciones han reconocido la importancia de esta demanda, considerándola un hito en la lucha contra la industria armamentista y su papel en el tráfico ilegal de armas y la violencia que genera. “El gobierno de México continuará con todas las acciones legales a su alcance para que las empresas fabricantes de armas rindan cuentas por el grave daño que causan a la población mexicana”, concluyó la cancillería en su comunicado. Esta declaración deja claro que México no se rendirá en su búsqueda de justicia y que seguirá explorando todas las vías legales para proteger a su población de la violencia derivada del tráfico de armas.