El debate sobre la reforma judicial en México ha tomado un giro internacional con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió que la elección directa de jueces podría representar un grave riesgo para el funcionamiento de la democracia mexicana y, a su vez, para la integración económica de América del Norte.
En una conferencia de prensa, Salazar se refirió al proyecto de reforma judicial que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados y que ha generado controversia tanto dentro como fuera del país. La propuesta, que incluye la elección de jueces mediante voto popular, ha sido motivo de preocupación para diversos sectores, incluidos los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF), quienes han iniciado un paro de labores en protesta.
«Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, con el TMEC», afirmó el embajador. Su preocupación radica en que la reforma, tal como está planteada, podría debilitar al Poder Judicial, haciéndolo más vulnerable a la influencia política y a la corrupción. «Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas necesarias para garantizar que el Poder Judicial se fortalezca y no esté sujeto a la corrupción de la política», añadió.
El diplomático estadounidense fue enfático al señalar que la elección popular de jueces no resolverá los problemas de corrupción al interior del Poder Judicial, uno de los principales argumentos utilizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar la reforma. En palabras de Salazar, «La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por mi vida, no resolverá dicha corrupción judicial ni va a fortalecer al Poder Judicial».
Además, Salazar alertó sobre los peligros de que la politización de la elección de jueces pueda desestabilizar el sistema judicial. «En la manera de ahora, con la selección de jueces, ahí puede entrar la política», dijo, subrayando que la independencia del Poder Judicial es esencial para la salud de cualquier democracia.
Un aspecto que Salazar destacó fue el impacto potencial de la reforma en la economía regional. Mencionó, por ejemplo, el interés de una inversión de mil millones de dólares en Baja California para la producción de semiconductores, una inversión crucial para la economía de Norteamérica. «Las empresas deben tener su responsabilidad, pero también deben de tener certidumbre en lo que viene en el marco jurídico», explicó, sugiriendo que la falta de certidumbre jurídica podría disuadir inversiones futuras y, por ende, afectar la integración económica bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, Salazar también expresó su preocupación. Según el embajador, la elección de jueces inexpertos, que podrían ser manipulados por intereses políticos, podría facilitar que los cárteles y otros actores criminales ejerzan influencia sobre el sistema judicial. «También podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas», advirtió.
A pesar de sus críticas, Salazar no descartó la necesidad de una reforma judicial en México, pero insistió en que cualquier cambio debe estar enfocado en fortalecer al Poder Judicial y garantizar su independencia. «Sí reconozco la necesidad de hacer una reforma, pero una reforma buena. La meta de todas las reformas debe de ser fortalecer el Poder Judicial, y lo que digo yo y lo que he pensado y dije también la semana pasada es que las elecciones populares, directas de jueces, no trabajan», concluyó.