En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional son responsables de la muerte de tres personas, entre ellas, una niña de ocho años.
La organización envió documentos a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Secretario de Seguridad Omar Harfuch, al Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Treviño Trejo, al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal y a la presidenta municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas, informando sobre los hechos ocurridos los días 11 y 12 de octubre, cuando los militares y guardias nacionales persiguieron a presuntos delincuentes, causando la muerte de civiles.
El primer incidente ocurrió el 11 de octubre, cuando Yuriccie Rivera Elizalde, enfermera del IMSS de 46 años, viajaba con su esposo e hijo en una camioneta por el fraccionamiento La Fe. Según testigos, recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del Ejército Mexicano, falleciendo en el lugar. Los testigos señalaron que los militares dispararon sin considerar la presencia de familias en la zona. La balacera solo se detuvo cuando el esposo de la víctima gritó pidiendo auxilio.
El 12 de octubre, ocurrió otro hecho trágico cuando Lidia Galván Reséndiz y su nieta de ocho años, Lidia Iris Fuentes Galván, quedaron atrapadas en medio de otra persecución entre la Guardia Nacional y presuntos criminales. El vehículo de ambas quedó prensado entre dos camiones. Testigos aseguran que los elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego, hiriendo en la cabeza a la menor, quien trató de protegerse agachándose en el auto. Fue trasladada al Hospital General de Nuevo Laredo, pero murió a causa de las heridas.
Lidia Galván denunció que, en lugar de recibir ayuda, uno de los militares les apuntó con su arma, aunque otro pidió detener el ataque y las llevaron al hospital. La abuela de la menor expresó su indignación al cuestionar a los militares sobre el motivo de los disparos, a lo que uno de ellos respondió pidiendo perdón.
Ese mismo día, Diego Alfredo, de 18 años, también perdió la vida durante un enfrentamiento en el fraccionamiento Palmares. Según el CDHNL, el joven fue secuestrado previamente y presentaba signos de tortura; se descartó que estuviera armado o portara equipo táctico.
Amnistía Internacional condenó los hechos en Nuevo Laredo, destacando la muerte de la niña de ocho años y exigiendo que el Estado Mexicano garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. La organización instó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a llevar a cabo una investigación efectiva conforme al Protocolo de Minnesota, y pidió que la Sedena y la Guardia Nacional cooperen en el proceso. Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.