La controversia en torno a la reforma judicial en México ha alcanzado un punto álgido con la renuncia masiva de jueces y magistrados. Durante una conferencia pública, más de mil 500 jueces y magistrados del colectivo Artículo 41 lanzaron una advertencia contundente: el fin de la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial representan, en sus palabras, «el fin de la República». Este movimiento sin precedentes responde a la reforma constitucional que establece nuevos criterios de selección para los puestos en el Poder Judicial de la Federación, que serán sometidos a elecciones en 2025.
Hasta la fecha límite fijada por el Senado, 580 jueces y magistrados ya han presentado formalmente su renuncia, declinando participar en el proceso electoral del próximo año. Entre ellos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la lista incluye a 380 magistrados y 200 jueces. La ola de renuncias refleja el profundo descontento con la reforma judicial y el temor de que esta modifique radicalmente la forma en que se eligen y evalúan a los juzgadores en México.
Uno de los puntos más controversiales que motivan estas renuncias es la creación de comités de evaluación, los cuales serán responsables de seleccionar a los candidatos para los cargos judiciales. Según los jueces y magistrados, estos comités están siendo conformados sin los criterios de profesionalismo y experiencia necesarios, lo cual, según el magistrado José Rogelio Alanís, pone en peligro la calidad y la independencia de los jueces. “Se están integrando de manera muy preocupante”, advirtió Alanís, “y no tendrán el profesionalismo para elegir juzgadores”.
Alanís explicó que los miembros de estos comités no cuentan con “perfiles amplios de reconocimiento jurídico” y, además, se les ha otorgado libertad para establecer sus propias normativas sin parámetros específicos. Para Alanís, esta situación representa un riesgo profundo para el sistema judicial: “Si las personas que van a filtrar a quienes pueden acudir a las elecciones son todas partidarias de una sola fuerza política, no se garantiza un poder judicial independiente”. El magistrado insistió en que esta situación crea una amenaza existencial para la estructura republicana del país.
En respuesta a declaraciones de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, quien acusó al Poder Judicial de librar una “guerra jurídica” contra el Ejecutivo, el magistrado Carlos Aldo Vargas defendió la independencia judicial, criticando el “uso desmedido” de las facultades constitucionales por parte del Ejecutivo y Legislativo. Vargas señaló que “ha habido una especie de uso desmedido de estas facultades”, acusando al gobierno de ignorar “muchos otros preceptos constitucionales”.
Para el colectivo Artículo 41, las recientes reformas judiciales socavan los principios básicos de la justicia y la separación de poderes, que son el pilar de una república. Los jueces y magistrados que han renunciado consideran que sus puestos se han vuelto insostenibles ante un sistema que, afirman, los obliga a renunciar a su carrera para someterse a un proceso electoral poco transparente y politizado.
La renuncia masiva de jueces y magistrados, con la advertencia del “fin de la República” como trasfondo, expone un conflicto de poder que podría tener repercusiones significativas para la estabilidad democrática del país.