El panorama político en México se tambalea ante las recientes revelaciones sobre redes de facturación vinculadas a personajes clave del ámbito público. Una de las más resonantes conecta al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y al exfuncionario Genaro García Luna, acusado de delitos graves en Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, ha pedido que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias si se confirman los señalamientos.
Según un reportaje de la revista Proceso, publicado en diciembre, una compleja red de relaciones familiares y empresariales dedicada a la facturación de operaciones ilícitas ha movilizado miles de millones de pesos. Entre los involucrados destacan Rosario Asenat, media hermana del gobernador Samuel García, y Genaro García Luna, quien enfrenta cargos por corrupción y vínculos con el narcotráfico. La empresa Lergar, S.A. de C.V., cuyo control está en manos de Asenat, aparece como eje central de estas operaciones.
«Es un asunto que corresponde a la Fiscalía y, si hay pruebas suficientes, debe procederse conforme a la ley«, declaró Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la situación. En su intervención, enfatizó la necesidad de combatir las factureras que operan como herramientas para la evasión fiscal, un problema que ha perjudicado gravemente las finanzas públicas.
La mandataria subrayó la importancia de reconocer la creación y el uso de facturas falsas como un delito grave, lo cual ya está contemplado en reformas constitucionales recientes. «Ahora, ser facturero tiene prisión preventiva oficiosa, lo que permitirá evitar que los responsables queden impunes», destacó. Además, adelantó que las modificaciones al artículo 19 constitucional serán publicadas próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El caso de Nuevo León, que entrelaza nombres como el de Víctor Manuel Álvarez Puga —prófugo por el caso Inés Gómez Mont— y Luis Cárdenas Palomino, es una muestra de la complejidad y alcance de estas redes de corrupción. Las operaciones de las factureras no solo evitan el pago de impuestos, sino que también generan fraudes privados y alimentan esquemas delictivos más amplios, señaló Sheinbaum.
Cuando se le preguntó sobre el rol del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en este tipo de investigaciones, la presidenta afirmó que el organismo mantiene auditorías permanentes. «El SAT tiene mecanismos para detectar irregularidades y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República», explicó.
El caso de Samuel García y su presunta conexión con estas actividades coloca en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Mientras la Fiscalía de Nuevo León evalúa las pruebas, la opinión pública espera respuestas claras y acciones contundentes contra la corrupción que sigue afectando al país.