En una decisión que marca un precedente en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, un panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) resolvió a favor del país vecino en la disputa sobre el uso de maíz transgénico. Según la representación comercial de Estados Unidos (USTR), las medidas tomadas por México en 2023 carecieron de fundamento científico y violaron los compromisos de acceso al mercado establecidos en el tratado.
La polémica comenzó con un decreto presidencial que prohibía el uso de maíz transgénico en tortillas y masa, además de ordenar la eliminación gradual de este tipo de grano en otros alimentos y para consumo animal. Esta postura fue defendida bajo el argumento de proteger la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el panel determinó que las acciones mexicanas contradecían décadas de evidencia científica sobre la seguridad de la biotecnología agrícola.
Para Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, esta decisión reafirma la importancia de políticas comerciales basadas en la ciencia. Según Tai, la biotecnología agrícola no solo permite aumentar la productividad, sino también abordar los retos del cambio climático. El secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, añadió que esta resolución beneficia a los productores de ambos lados de la frontera y asegura la disponibilidad de alimentos accesibles y sostenibles.
Aunque México anunció su desacuerdo con el fallo, aseguró que respetará la decisión del panel, reconociendo el sistema de solución de controversias del TMEC como un mecanismo clave para la resolución de disputas. Ahora, el gobierno mexicano tiene 45 días para ajustarse a las conclusiones del panel, lo que incluye permitir el acceso pleno al maíz transgénico estadounidense.
Esta disputa no solo refleja las tensiones comerciales entre ambos países, sino también un debate global sobre los avances tecnológicos en la agricultura y su impacto en la salud, el medio ambiente y las economías locales. México enfrenta un desafío: proteger sus valores y legislación interna sin comprometer los acuerdos internacionales que regulan su comercio exterior.