España enfrenta una de las crisis de vivienda más agudas de su historia reciente. Con precios de alquiler que suben sin freno en ciudades como Madrid y Barcelona, y la creciente presión del turismo sobre el mercado inmobiliario, el gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida radical: un impuesto del 100% a extranjeros que compren propiedades en el país y no sean residentes de la Unión Europea.
El anuncio, realizado esta semana, busca frenar el encarecimiento de la vivienda y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos españoles. Según Sánchez, el objetivo es construir “una sociedad más equitativa” y combatir la creciente división entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, el plan aún debe ser aprobado por el Parlamento, lo que abre un periodo de intenso debate.
El mercado inmobiliario español lleva años bajo presión. Los ingresos de muchos no han crecido al ritmo de los alquileres, dejando a los jóvenes y las clases medias sin opciones viables para vivir. A ello se suma el impacto del turismo masivo, un pilar clave de la economía española. El año pasado, más de 88 millones de turistas visitaron el país, generando una alta demanda de alquileres vacacionales que desplaza a los residentes locales.
Ciudades como Barcelona ya han comenzado a limitar los contratos de corto plazo, eliminando progresivamente los alquileres turísticos en un intento por reducir su impacto. Estas acciones reflejan un malestar social que no puede ignorarse: las protestas por el encarecimiento de la vivienda han reunido a miles en las principales ciudades del país.
La propuesta del impuesto del 100% busca desincentivar la adquisición de viviendas por parte de compradores no europeos, muchos de los cuales invierten en segundas residencias o propiedades de lujo. Esto incluye a británicos post-Brexit y ciudadanos de países como Arabia Saudita y Dubái, quienes representan un segmento significativo del mercado de bienes raíces en zonas costeras.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Joan Carlos Amaro, economista y experto en bienes raíces, señala que este tipo de restricciones podría tener efectos contraproducentes. Según Amaro, estas propiedades suelen pertenecer a un mercado de lujo que no afecta directamente a la clase media española. Además, advierte que limitar el acceso al mercado podría frenar inversiones y afectar el empleo en el sector.
El plan no se limita al impuesto. El gobierno también propone construir más viviendas públicas, crear incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres asequibles y reformar las leyes de urbanismo para acelerar la construcción de viviendas. Además, se han anunciado medidas para aumentar los impuestos sobre los alquileres vacacionales, buscando frenar su proliferación.
A pesar de las dudas y el escepticismo de algunos sectores, el gobierno de Sánchez enfrenta una tarea urgente. La Constitución española consagra el derecho a una vivienda digna, pero este derecho parece cada vez más distante para muchos. Resolver esta crisis se ha convertido en una cuestión no solo económica, sino también moral y política.
El tiempo dirá si estas medidas logran aliviar la presión sobre los hogares españoles o si, como advierten algunos expertos, acabarán siendo un obstáculo más en un mercado ya complejo. Por ahora, el debate está abierto, y la atención pública se centra en cómo este ambicioso plan impactará en el día a día de millones de personas.