Por primera vez en la historia, una ciudadana mexicana ha sido acusada por el gobierno de Estados Unidos de brindar apoyo a una organización terrorista extranjera. El señalamiento no viene solo: el Departamento de Justicia calificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como parte de una estructura terrorista internacional, lo que marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia legal de aquel país frente al crimen organizado.
La acusada es María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, originaria de México. Fue señalada formalmente por el Distrito Oeste de Texas por conspiración para proporcionar granadas al CJNG, además de enfrentar múltiples cargos por actividades relacionadas con el tráfico de armas, migrantes y drogas. Las autoridades también la acusan de haber operado redes de contrabando de dinero en efectivo y sustancias controladas.
En paralelo, se identificó a Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, como coacusado en este caso. El también mexicano está vinculado a actividades similares, como la compra y tráfico de armas a través de intermediarios y el intento de distribución de sustancias ilegales en territorio estadounidense.
El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial del Departamento de Justicia, que detalló la naturaleza de los cargos y el nivel de coordinación que existía entre los acusados y la célula criminal. El jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R., señaló que se trata de una red con múltiples operaciones ilícitas de alto impacto, incluyendo “las más insidiosas: tráfico de armas, narcóticos, personas y dinero”.
La Fiscal General, Pamela Bondi, no dejó espacio para matices: “Cárteles como el CJNG son grupos terroristas que causan estragos en las comunidades estadounidenses y son responsables de innumerables muertes”. En la misma línea, reafirmó el enfoque del gobierno federal para aplicar procesos judiciales contundentes contra quienes representen una amenaza a la seguridad nacional.
Desde el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, director del organismo, añadió que “el arresto de María del Rosario Navarro-Sánchez debería enviar un mensaje claro a quienes desean aliarse con grupos terroristas: serán buscados y sometidos al máximo rigor de la ley”.
Esta acusación llega poco tiempo después de que, en febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos, siguiendo instrucciones del entonces presidente Donald Trump, designara a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellos el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también se pronunció: “Se acabaron los días de violencia desenfrenada de las bandas y los cárteles”.
Con este movimiento, Estados Unidos marca una nueva era legal y política en su lucha contra los cárteles: una en la que los delincuentes no solo son vistos como traficantes, sino como actores de amenaza global.