El Supremo Tribunal de Brasil vivió este miércoles un giro inesperado en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. El juez Luiz Fux, tercero en presentar su voto, se pronunció por absolver al exmandatario de ultraderecha de todos los cargos y, además, solicitó la anulación completa del proceso.
El magistrado consideró que las acusaciones de golpismo no fueron probadas más allá de toda duda razonable y sostuvo que “si no hubo un gobierno depuesto, no puede hablarse de golpe de Estado”. Durante más de diez horas de exposición, Fux argumentó que los discursos y entrevistas de Bolsonaro, aunque críticos con el sistema electoral, no pueden ser tratados jurídicamente como narrativas subversivas ni como pruebas de una conspiración.
El juez también cuestionó la competencia del Supremo en este caso. Recordó que Bolsonaro ya no era presidente el 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, y señaló que el tribunal solo puede juzgar delitos cometidos durante el mandato presidencial. Según su criterio, las conductas imputadas a Bolsonaro en ese periodo no fueron demostradas de manera suficiente.
Fux coincidió con las defensas al denunciar un “cercenamiento de derechos” en el proceso, al señalar que los abogados no contaron con el tiempo necesario para analizar la “inmensa cantidad de material probatorio” presentado antes de los interrogatorios y el juicio oral. Por ello, calificó el procedimiento como viciado y planteó la nulidad de todos los actos decisorios.
Con este voto, el escenario queda dividido: mientras el relator Alexandre de Moraes y el magistrado Flávio Dino ya habían manifestado su postura por condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados, Fux se inclinó por la absolución y la anulación del proceso.
En contraste con la posición de Fux, tanto la fiscalía como los jueces que apoyan la culpabilidad sostienen que la trama golpista se inició en 2021, cuando Bolsonaro lanzó una campaña de descrédito contra las instituciones democráticas, y que los ataques del 8 de enero fueron la culminación de ese plan.
El juicio aún no concluye. Restan por pronunciarse la jueza Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo. Según el calendario del tribunal, sus votos se conocerán este jueves y, en caso de que la mayoría se incline por la condena, el viernes se debatirán las penas, que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.