La reforma que transforma a la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento biométrico con huellas dactilares y fotografía ya está aprobada, pero su ejecución enfrenta un obstáculo: el presupuesto de 2026 no contempla recursos específicos para llevarla a cabo.
El gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso impulsaron en 2023 cambios a la Ley General de Población que establecen la creación de una CURP biométrica, obligatoria y de carácter universal. Esta medida también dio origen a la Plataforma Única de Identidad, concebida como herramienta central para la consulta, validación y gestión de registros biométricos que serán utilizados en trámites y servicios.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asigna a la Secretaría de Gobernación (Segob) 290 millones 221 mil pesos para el Registro Nacional de Población (Renapo). De este monto, 68.5 millones se destinarán a salarios, 171.1 millones a operación y 50 millones a subsidios y ayudas. No obstante, no se contempló un rubro específico para la captura de datos biométricos, elemento central de la nueva disposición legal.
En sus objetivos, la Segob señaló como prioridad la instrumentación de acciones relacionadas con registro biométrico e identidad. El Renapo incluso fijó como meta alcanzar un 93.08% de avance en este rubro durante el próximo año. Para ello, destacó que requerirá personal operador especializado en gestión de registros e identidad, personal de registro civil con formación registral y operadores capacitados en biometría.
La Agencia de Transformación Digital, que también tendría un papel clave en el desarrollo tecnológico de esta iniciativa, tampoco asignó partidas destinadas a la CURP biométrica en su presupuesto para 2026.
El diseño de esta política ha generado polémica desde su aprobación. Mientras el oficialismo sostiene que la medida permitirá ordenar y modernizar el sistema de identificación en el país, la oposición la denominó “ley espía”, al advertir que podría abrir la puerta a un uso inadecuado de datos sensibles sin reglas claras de protección.
En medio de este escenario, persisten dudas sobre la puesta en marcha del nuevo documento. La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reveló que durante una reunión en julio con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se abordó la implementación de la CURP biométrica ni se precisó cuándo podría entrar en operación.
La falta de asignación presupuestal específica contrasta con la magnitud de la reforma, cuyo propósito es convertir a la CURP en el documento oficial de identidad nacional, sustituyendo a diversos comprobantes en trámites y servicios públicos.