Organizaciones civiles y representantes del sector empresarial de Sinaloa dieron a conocer un informe ciudadano en el que señalan que el Cuarto Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya careció de objetividad y presentó cifras maquilladas. Tras el análisis del documento oficial, estas agrupaciones afirmaron que el discurso del mandatario estatal fue más propagandístico que autocrítico, lo que detonó la presentación de una iniciativa dirigida al Congreso local para modificar la Constitución y obligar al Ejecutivo a presentar datos “reales, verificables y completos”.
La presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes, explicó que la intención de esta propuesta es establecer con precisión que el gobernador debe informar con objetividad y sin ambigüedades. Señaló que el informe presentado por Rocha Moya utilizó cifras que, según su evaluación, no reflejan la situación real de la entidad, especialmente en temas de seguridad y actividad económica.
Reyes destacó que una parte significativa de la población percibe los datos oficiales como incompletos o maquillados. De acuerdo con su posicionamiento, esta falta de claridad provoca que la comunicación institucional contribuya a construir una imagen parcial del estado: “Se insiste en que todo marcha bien, en que la economía va en auge y en que los índices delictivos están controlados, mientras las personas viven experiencias muy distintas”, afirmó.
El documento ciudadano presentado incluye información recopilada por las propias organizaciones civiles, la cual no fue incluida en el informe gubernamental del 15 de noviembre. Destaca que la inseguridad ha modificado profundamente los hábitos cotidianos de la población. Para proteger su integridad, el 44% de las personas en Sinaloa ha dejado de visitar a familiares o amigos; el 43% dejó de ir al cine; el 42% optó por no subirse a un taxi; otro 42% dejó de caminar por calles o parques; el 41% evita viajar por carretera; el 39% dejó de salir a comer; el 33% dejó de asistir a estadios de beisbol; el 31% dejó de frecuentar plazas comerciales; el 28% decidió dejar de usar transporte público; y un 20% de niños y jóvenes ha dejado de asistir a la escuela por razones de seguridad.
Reyes señaló que hoy la realidad social es más difícil de ocultar, pues los mensajes gubernamentales conviven con videos, testimonios y reportes ciudadanos en redes sociales que evidencian un contexto distinto al discurso oficialista. Afirmó que este contraste demuestra la necesidad de contar con información pública transparente y verificable.
El informe ciudadano también incorpora datos de la Fiscalía del estado, donde se registra que, durante los 14 meses de enfrentamiento entre las facciones de La Mayiza y La Chapiza, se contabilizaron dos mil 76 homicidios, dos mil 835 desapariciones, ocho mil siete robos de vehículos y dos mil robos a comercios.
Las organizaciones civiles recalcaron que una sociedad crítica y un gobierno abierto pueden generar mejores resultados para la ciudadanía. Insistieron en que evitar la manipulación de información con fines políticos es indispensable para avanzar hacia una democracia madura. En ese sentido, advirtieron sobre la “imbatible crisis de inseguridad pública” que atraviesa Sinaloa, señalando que el estado vive una de las etapas más complejas en su historia reciente.