La Cámara de Diputados se prepara para aprobar este martes un aumento considerable en las sanciones contra quienes afecten áreas naturales protegidas, a través de una reforma al artículo 418 del Código Penal Federal en materia de delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. La modificación, que será presentada ante el pleno por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, establece penas de hasta 20 años de prisión y una multa fija de 10 mil días, equivalentes a un millón 131 mil 400 pesos, para quienes realicen actividades de invasión, cambio de uso de suelo, extracción o destrucción en estos territorios.
En una primera votación, el dictamen fue aprobado en lo general con 452 votos a favor luego de ser avalado por la Comisión de Justicia. El proyecto original establecía una sanción de seis a 20 años de prisión y multas de seis a 10 mil días, sin embargo, los coordinadores parlamentarios acordaron apoyar una reserva que fija la pena únicamente en 20 años, lo que elimina el rango previo y endurece la sanción.
La propuesta impulsada por Monreal fue socializada entre las distintas bancadas en las horas previas a la discusión. PAN, PRI y Partido del Trabajo respaldaron la modificación; Movimiento Ciudadano, aunque no suscribió la reserva, votó a favor del dictamen durante la sesión. El ajuste legal también contempla agravantes: cuando las conductas se realicen con armas de fuego, por medios violentos o con fines de lucro, la pena podrá aumentar hasta 15 años adicionales y la multa podría alcanzar los 8 mil días, equivalentes a 905 mil 120 pesos.
Además, se aprobó reformar el artículo 420 quarter para imponer penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 3 mil días —339 mil 420 pesos— a quien genere, use o difunda información falsa o simulada relacionada con el desempeño ambiental de una persona jurídica. El dictamen especifica que esta sanción aplica cuando la información provoque engaño entre consumidores, inversionistas, instituciones financieras o genere un beneficio económico indebido. En casos donde se utilicen armas de fuego, medios violentos o haya fines de lucro, la pena podrá aumentar hasta 15 años y la multa de dos mil a ocho mil días.
También se incorporó un inciso VII que sanciona a quien genere, use o difunda documentos falsos ante autoridades ambientales para obtener certificados, distintivos, registros o constancias vinculadas con la gestión ambiental. De igual forma, el inciso VIII fue modificado para penalizar la simulación o entrega de información falsa en materia de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.
Durante la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, destacó que la reforma responde a una crisis ambiental marcada por incendios provocados para cambiar el uso del suelo, descargas clandestinas de sustancias químicas y aguas residuales, acelerada deforestación, tala ilegal y el incremento del tráfico de especies en riesgo, como la vaquita marina y la totoaba.
El diputado Arturo Yáñez, del PRI, subrayó que el dictamen atiende un problema estructural y endurece las sanciones contra quienes continúan operando bajo la presunción de que las multas son mínimas. Señaló que el documento incorpora medidas específicas contra la tala ilegal, principalmente aquella que afecta directamente a las áreas naturales protegidas.