Durante la movilización por el 25 de noviembre en la Ciudad de México, la Coordinación 8M-CDMX presentó un pronunciamiento en el que cuestionó la política del gobierno federal hacia las mujeres, especialmente en materia de desapariciones, violencia y acceso a la justicia. El mensaje fue leído desde un templete instalado frente acPalacio Nacional, donde siete representantes de distintas organizaciones expusieron los señalamientos dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las activistas señalaron que, aunque en el primer informe presidencial se destacó una reducción del 20% en los asesinatos, no se informó sobre la crisis de personas desaparecidas. Retomaron datos de Amnistía Internacional que contabilizan 131 mil personas desaparecidas en México, cifra que, indicaron, supera las desapariciones forzadas ocurridas durante dictaduras en América Latina. En su lectura, precisaron que “de esos 131 mil, 76% son menores de edad y que el porcentaje de mujeres desaparecidas se incrementó en 54% en el último año”.
Además, criticaron la creación del Centro Integral para la Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, un proyecto que, señalaron, no fue consensuado con todas las familias buscadoras. De acuerdo con el documento, esta falta de consulta genera dudas sobre su eficacia y neutralidad. Recordaron que la coordinación interinstitucional solicitada por las familias implica más que habilitar espacios físicos y requiere atención puntual para lograr búsquedas eficientes.
En su posicionamiento, las organizaciones enfatizaron que la crisis forense continúa sin resolverse. Afirmaron que la mayoría de las fosas clandestinas han sido localizadas por familias buscadoras y no por autoridades, lo que consideran un reflejo de la falta de capacidad institucional. También denunciaron que persisten vacíos legales en la tipificación del feminicidio y que diariamente mueren 10 mujeres de forma violenta en México, con altos niveles de impunidad y obstáculos para las sobrevivientes.
Otro de los puntos destacados fue el caso de Kenia Hernández, activista indígena y defensora de derechos humanos encarcelada desde 2020. Las feministas criticaron que, pese a resoluciones internacionales y compromisos presidenciales previos, su situación no ha sido revisada de fondo. Recordaron la promesa realizada a Joel, hijo de Hernández, sobre su liberación, y exigieron que el gobierno cumpla este compromiso. Mencionaron también que, el 30 de septiembre de 2025, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, declaró que el caso estaba en revisión.
El texto incluyó denuncias sobre brecha salarial, precarización laboral, despojo y desplazamiento forzado de pueblos indígenas, así como los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes durante sus trayectos. Las organizaciones señalaron negligencia en fiscalías, falta de voluntad política y corrupción en distintos niveles que, indicaron, perpetúan la impunidad.
La Coordinación 8M-CDMX reafirmó su autonomía política e ideológica, y se deslindó del feminismo institucional y de corrientes derechistas. De acuerdo con las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la movilización reunió a alrededor de mil personas y concluyó con saldo blanco. Durante el recorrido se desplegaron 600 mujeres policías que brindaron acompañamiento a la distancia. Las autoridades informaron que un grupo de aproximadamente 20 mujeres con el rostro cubierto marchó sin incidentes ni afectaciones al desarrollo de la protesta.