El gobierno federal de Estados Unidos reanudó operaciones tras la firma de una ley presupuestaria por parte del presidente Donald Trump, medida que puso fin al cierre parcial que se mantenía desde el sábado pasado. La norma, aprobada previamente por la Cámara de Representantes, garantiza el financiamiento de la mayoría de las agencias federales hasta el cierre del ejercicio fiscal, previsto para el 30 de septiembre, aunque deja pendiente la situación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las políticas migratorias.
La firma del documento se realizó este martes en el Despacho Oval, en presencia de congresistas y senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. Durante el acto, Trump destacó el alcance del acuerdo presupuestario y señaló que se trata de un paquete “fiscalmente responsable” que reduce gasto federal considerado innecesario y, al mismo tiempo, respalda programas vinculados con la seguridad y la prosperidad del país.
Horas antes, la Cámara de Representantes aprobó por un margen ajustado las partidas presupuestarias que permiten el funcionamiento del gobierno federal durante el resto del año fiscal. Sin embargo, el financiamiento del DHS quedó limitado de manera temporal y solo está garantizado hasta el próximo 13 de febrero, lo que abre un periodo de diez días de negociaciones intensas en el Congreso.
El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta un escenario particular debido a las exigencias del Partido Demócrata, que condiciona la ampliación de fondos a una reforma de sus operaciones. Estas demandas surgieron tras la muerte de dos manifestantes durante protestas en Minneapolis contra redadas masivas de migrantes, operativos que fueron ordenados por la administración Trump y ejecutados por agentes del DHS.
Los hechos ocurridos en esa ciudad generaron un rechazo abierto de los demócratas a autorizar mayores recursos para las agencias encargadas de la política migratoria sin cambios en sus protocolos. Entre las condiciones planteadas se encuentran la obligatoriedad de que los agentes utilicen cámaras corporales, la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas, la identificación visible de los funcionarios durante los operativos y la prohibición del uso de máscaras que oculten su identidad.
Mientras tanto, el resto de las dependencias federales podrá operar con normalidad gracias a la ley ya firmada, lo que permitió levantar el cierre parcial que afectaba servicios y actividades administrativas. El foco político se traslada ahora al Capitolio, donde republicanos y demócratas deberán alcanzar un acuerdo que garantice el financiamiento del DHS más allá del 13 de febrero y hasta el final del ejercicio fiscal.
Las negociaciones que se avecinan serán determinantes para definir el futuro inmediato de la política migratoria y el funcionamiento de una de las carteras más sensibles del gobierno federal, en un contexto marcado por tensiones políticas y por el impacto de los recientes acontecimientos en Minneapolis.