La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no revisar la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso en septiembre de 2024. La nueva integración del máximo tribunal avaló por unanimidad un proyecto que declaró improcedente la solicitud presentada por jueces y magistrados para analizar la modificación constitucional.
El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres, quien planteó que la petición debía quedar sin materia debido a una reforma constitucional posterior que impide a la Corte revisar cambios realizados a la propia Carta Magna. Dicha modificación fue aprobada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados y establece la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales.
“Es inconstitucionalmente improcedente pues existe una restricción expresa que prohíbe llevar a cabo la revisión pretendida de la Constitución Política. El 31 de octubre de 2024 se publicó el decreto constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la propia Constitución”, explicó la ministra al presentar su propuesta.
La solicitud original fue promovida por jueces y magistrados que buscaban que el tribunal analizara la reforma judicial al considerar que podía generar un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso frente al Poder Judicial de la Federación, lo que —según su planteamiento— pondría en riesgo el principio de división de poderes y la independencia judicial.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió en que la consulta quedó superada tras la entrada en vigor de la reforma que impide impugnar cambios constitucionales, aunque pidió que no se desconozca la decisión previa de la anterior integración de la Corte que había aceptado estudiar el caso.
La ministra Yasmín Esquivel también votó por desechar la consulta, pero argumentó que la reforma judicial ya se consumó tras realizarse la primera elección de jueces, magistrados y ministros. A la petición de Figueroa Mejía se sumaron únicamente los ministros Arístides Guerrero García y Loretta Ortiz Ahlf.
Con esta resolución, la Suprema Corte cerró los recursos legales dentro del sistema jurídico nacional que buscaban cuestionar la constitucionalidad de la reforma judicial. El único proceso pendiente es el iniciado por diversos jueces y magistrados ante el sistema interamericano de derechos humanos.