En un histórico paso hacia la protección de los derechos de las mujeres y las víctimas de ataques con ácido, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado por abrumadora mayoría la «Ley Malena». Con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, esta nueva legislación establece penas de hasta 12 años de prisión para los perpetradores de ataques con sustancias químicas, considerándolos como tentativa de homicidio.
La Ley Malena, bautizada en honor a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019, es un hito significativo en la lucha contra la violencia de género. El proyecto fue presentado por las comisiones unidas de género y de administración y procuración de justicia, destacando el esfuerzo conjunto de legisladores, activistas y diversas instituciones.
Con este avance, Ciudad de México se convierte en el sexto estado en regular la violencia ácida en su Código Penal, uniéndose a Baja California, Quintana Roo, Colima, Campeche y Puebla, quienes ya tomaron medidas similares. La Ley Malena no solo castiga con prisión, sino que establece multas sustanciales y la obligación de reparar las lesiones de las víctimas.
La reforma del Código Penal local es clara: «los ataques con sustancias químicas serán penados con entre 8 y 12 años de prisión». Estas penas se incrementarán en una mitad en casos donde se cause deformidad en el rostro, daño a órganos o cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. Asimismo, se considerará tentativa de feminicidio si el daño físico es permanente o afecta a los órganos sexuales reproductivos, con penas que podrían llegar hasta los 30 años de prisión.
Esta legislación no solo busca sancionar, sino también visibilizar y prevenir la violencia ácida, que ha afectado a numerosas mujeres en México. El 94% de los ataques con ácido en el país quedan impunes, según la Fundación Carmen Sánchez. La Ley Malena busca cambiar esta realidad, obligando a las instancias de salud y justicia a llevar un registro detallado sobre la violencia ácida.
Las estadísticas revelan la magnitud del problema: entre 2010 y 2022, alrededor de 270 mujeres fueron hospitalizadas anualmente debido a ataques con ácido o sustancias corrosivas. Sin embargo, estas cifras solo reflejan una fracción de la realidad, ya que no se incluyen casos atendidos en hospitales estatales o privados, ni aquellos en los que las víctimas no buscaron atención médica.
La diputada Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Género, destacó en la tribuna que la violencia ácida deja marcas permanentes, provocando no solo daño físico sino también sufrimiento y humillación. La ley es un reconocimiento a las luchas de mujeres valientes como María Elena Ríos y Elisa Xolalpa, presente en la votación, quienes han enfrentado personalmente la violencia ácida.