En un sorprendente giro legal, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha sido beneficiado con la prisión domiciliaria por parte de la decisión de un juez, generando controversia y condena por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La medida adoptada ha reavivado el debate sobre la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial en México.
La FGR expresó su desacuerdo con la decisión del juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, alegando que las resoluciones a favor de Lozoya han sido parciales e ilegales. En este sentido, la autoridad remarcó que se han excluido pruebas obtenidas legalmente por la Fiscalía en Brasil y Suiza, a través de tratados internacionales respaldados por la constitución mexicana.
La institución señaló que el juez Alarcón López benefició injustamente a Lozoya al excluirlo de su responsabilidad en el pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, destacando una presunta interpretación selectiva de la ley en favor del exdirector de Pemex.
La FGR anunció su intención de presentar de inmediato el recurso de revisión correspondiente, subrayando su compromiso con la búsqueda de la justicia en este caso. Esta postura refleja la determinación de la Fiscalía para impugnar la decisión del tribunal y garantizar la continuidad del proceso legal en contra de Lozoya.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, había logrado evitar la prisión preventiva justificada durante un tiempo después de su captura en España y su regreso a México. No obstante, la situación cambió drásticamente el 3 de noviembre de 2021, cuando la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar en su contra durante una audiencia relacionada con el caso Odebrecht.
En aquella ocasión, Lozoya compareció en el centro de justicia federal del Reclusorio Norte, donde el Ministerio Público presentó las acusaciones en su contra, argumentando el riesgo de fuga que representaba. El juez de control justificó la prisión preventiva en ese momento.
Ahora, la prisión domiciliaria otorgada a Lozoya marca un cambio en la situación legal del exdirector de Pemex, permitiéndole regresar a su hogar. Esta nueva medida cautelar plantea interrogantes sobre las consideraciones judiciales y la efectividad del sistema penitenciario en México.