Con una votación mayoritaria, los diputados aprobaron reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para penalizar con penas de dos a seis años de cárcel a quienes realicen Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), comúnmente conocidas como terapias de conversión.
El Pleno de la Cámara de Diputados respaldó la reforma con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, lo que establece sanciones en todo México para quienes intenten modificar la orientación sexual de las personas, con multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.
La nueva legislación recibió el apoyo de legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra.
Entre las disposiciones, se incluyen sanciones para tratamientos, servicios o prácticas que interfieran con el libre desarrollo de la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Además, las sanciones se duplicarán si la víctima es menor de edad, adulto mayor, tiene discapacidad o si existe una relación con el agresor.
La reforma también prevé sanciones para profesionales de la salud, técnicos o auxiliares que participen en tales prácticas, con posibilidad de suspensión de su ejercicio profesional por dos a tres años.
María del Rocío Banquells, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), destacó el respaldo de su partido a la medida, argumentando que fortalece los Derechos Humanos y reconoce que la diversidad sexual es una condición humana, no una ideología.
Por otro lado, Margarita Zabala, diputada del PAN, expresó su preocupación, alegando que la reforma criminaliza a los padres de familia y Gabriel Cuadri, también del PAN, opinó que implicaría la persecución de diversos sectores por orientar a los menores conforme a valores familiares, personales, morales y médicos.