La propuesta del Fondo de Pensiones para el Bienestar, presentada por diputados de Morena, ha generado un intenso debate sobre su viabilidad, el origen de los recursos y su impacto en el sistema de pensiones en México. Mientras algunos ven esta iniciativa como una oportunidad para garantizar un retiro digno para los trabajadores, otros expresan preocupaciones sobre su efecto en las finanzas públicas y la seguridad financiera de los adultos mayores.
El objetivo central de este fondo es utilizar los ahorros de las cuentas Afores que no han sido reclamados para financiar un programa que garantice el 100% del salario en la edad de jubilación. Según lo propuesto, se consideraría la posibilidad de entregar estos recursos a los trabajadores o sus familiares si así lo desean, sin obstáculos legales.
Una de las principales garantías es que los ahorros de las Afores no estarán en riesgo de perderse, ya que la iniciativa propone disponer solo de los recursos no reclamados por un periodo mínimo de 10 años, o de aquellos pertenecientes a personas mayores de 70 años que no hayan hecho reclamos.
Para llevar a cabo esta iniciativa, se propone una reforma al Artículo 302 de la Ley del Seguro Social. Se plantea que el Fondo de Pensiones para el Bienestar sea administrado por un comité técnico, encargado de establecer reglas operativas para la recepción, inversión, distribución y rendimiento del dinero proveniente de las Afores. Es importante destacar que se prohíbe el uso de estos fondos para cubrir déficits presupuestarios u otras necesidades de financiamiento gubernamental.
Una de las principales preocupaciones gira en torno a la fuente de estos recursos y su impacto en las finanzas públicas. Según estimaciones, el saldo de los recursos de las personas mayores de 70 años que no han reclamado podría ascender hasta los 40 mil millones de pesos. Esta cifra, aunque significativa, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del programa a largo plazo y sus implicaciones para el sistema de pensiones en general.
La iniciativa también ha generado críticas sobre su oportunidad política y su enfoque legal en lugar de constitucional. Algunos expertos argumentan que la aprobación de esta propuesta podría ser más sencilla debido a la mayoría parlamentaria del partido que la propone, aunque esto plantea interrogantes sobre su legitimidad y su impacto a largo plazo.
Entre los factores que explican por qué los trabajadores no han reclamado sus recursos se encuentran el fallecimiento, la migración y el desconocimiento de la existencia de la cuenta. Esta falta de educación financiera en México representa un desafío adicional, ya que estas iniciativas podrían perjudicar a un segmento vulnerable de la población, como son los adultos mayores.
En el ámbito político, el gobierno federal ha instado a los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM a votar a favor de la iniciativa, destacando su importancia para garantizar un retiro digno para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, es fundamental que se realicen debates informados y se consideren todas las implicaciones financieras y sociales de esta propuesta.
Así, el dictamen queda de primera lectura, y se discutirá y, en su caso, se aprobará por la mayoría de Morena y sus aliados, en la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día de mañana. Cabe destacar que el dictamen fue aprobado ayer por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en reunión extraordinaria, por 19 votos a favor de Morena y sus aliados, y 10 en contra de diputados de oposición.
El fideicomiso estaría integrado por aproximadamente 40 mil millones de pesos, que el gobierno federal tomará de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad.