La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se enfrascó en un acalorado debate sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un intento por calmar las tensiones, la bancada de Morena, junto con sus aliados del PT y el Partido Verde, aseguró que la controvertida reforma no será aprobada automáticamente, sino que se someterá a la opinión pública mediante una serie de foros de análisis a nivel nacional.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los inversionistas no deben preocuparse, prometiendo estabilidad económica y un Estado de Derecho.
«No tienen por qué estar nerviosos, habrá estabilidad económica y Estado de Derecho», declaró Monreal.
Sin embargo, la oposición advirtió sobre posibles consecuencias negativas si la reforma no se maneja con cuidado, mencionando el riesgo de una transición abrupta y una posible crisis económica, similar a la de 1994.
El senador del PAN, Julen Rementeria, expresó su preocupación: «El tema económico está prendido con pinzas y si esas pinzas se las quitan, pues cuidado, porque ya nos pasó en una ocasión en donde en una transición que no se cuidó, no se procuró, pues nos dio aquello que ahora es famoso, el error del 94».
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, alertó sobre el peligro de que Morena, con su mayoría, pueda instaurar un régimen de partido único. Ruth López, senadora de Movimiento Ciudadano, señaló que su partido no apoyará ningún «disparate» relacionado con la Reforma Judicial.
Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, legislador del PT, reafirmó que ejercerán la mayoría que les fue otorgada por la población, «cueste lo que cueste».
El senador del PRD, Miguel Mancera, apoyó la iniciativa de Morena de realizar un parlamento abierto, confiando en que la reforma se pueda enriquecer con diversas opiniones.
En la sesión del miércoles, no se alcanzó un acuerdo para aprobar la convocatoria de los foros de análisis, postergándose la decisión para la próxima semana. Según Morena, la reforma podría involucrar alrededor de mil 600 cargos de elección para jueces, magistrados y ministros.