En una decisión controvertida, el juez federal Reed O’Connor de Fort Worth, Texas, anuló el martes las protecciones para estudiantes LGBT+ emitidas por el gobierno de Biden. Este fallo, en respuesta a una demanda presentada por el fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, declara que el Departamento de Educación de Estados Unidos carecía de autoridad para implementar dichas directrices.
La orientación emitida hace tres años por el Departamento de Educación pretendía prohibir la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas, advirtiendo que se les podría negar la financiación federal si se discriminaba a los estudiantes LGBT+. Esta directriz, aunque no era jurídicamente vinculante, buscaba que las escuelas no obligaran a los estudiantes a utilizar instalaciones como baños correspondientes al sexo asignado al nacer.
El fallo de O’Connor, de 112 páginas, argumenta que el Departamento de Educación no tiene la autoridad para extender las protecciones contra la discriminación sexual, derivadas de un fallo histórico del Tribunal Supremo en 2020, a la ley de educación conocida como Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972. “Permitir que se mantenga la acción ilegal de los demandados sería reescribir funcionalmente el Título IX de un modo que transformaría escandalosamente la educación estadounidense y usurparía una cuestión importante al Congreso”, escribió O’Connor, quien fue designado por el expresidente republicano George W. Bush.
El fiscal general Ken Paxton celebró el fallo, describiéndolo como una barrera contra lo que calificó como el “esfuerzo del presidente demócrata Joe Biden de convertir en arma el Título IX para su agenda extremista”. Paxton sostuvo que amenazar con retener la financiación educativa para forzar la aceptación de políticas inclusivas para personas transgénero era «claramente ilegal».
Por su parte, el Departamento de Educación había adoptado en abril una normativa formal y vinculante que aplica el Título IX a los estudiantes LGBT+. Aunque la decisión de O’Connor no afecta directamente a estas normas, sugiere que estas podrían ser vulnerables a futuras impugnaciones legales. Texas y otros estados liderados por republicanos ya han manifestado su intención de desafiar estas normativas en los tribunales.
El fallo de O’Connor sigue a una decisión previa de un juez federal en Tennessee en 2022, que también bloqueó la aplicación de las directrices del Departamento de Educación en 20 estados que presentaron demandas separadas. El gobierno de Biden ha apelado esa decisión, subrayando su compromiso con la protección de los derechos de los estudiantes LGBT+.
La orientación del Departamento de Educación fue una respuesta directa a la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que extendió las protecciones contra la discriminación sexual a los trabajadores LGBT+ en el lugar de trabajo. El Departamento de Educación argumentó que la misma lógica debía aplicarse bajo el Título IX, ya que ambas leyes emplean un lenguaje similar para prohibir la discriminación.
La revocación de estas protecciones tiene amplias implicaciones para la comunidad LGBT+ en el ámbito educativo. Las escuelas en Texas, y posiblemente en otros estados, no estarán obligadas a seguir las directrices federales sobre la no discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, lo que podría dar lugar a un aumento de casos de discriminación y exclusión en las instituciones educativas.
El fallo de O’Connor representa un importante revés para las políticas inclusivas del gobierno de Biden y pone de manifiesto las continuas batallas legales y políticas en torno a los derechos de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos. La administración Biden, junto con organizaciones defensoras de los derechos civiles, probablemente buscará nuevas vías legales y legislativas para reinstaurar estas protecciones y asegurar un entorno educativo libre de discriminación para todos los estudiantes.