Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la detención masiva de manifestantes en Venezuela, exigiendo el cese inmediato de estas acciones por parte de las autoridades. En su comunicado, la organización pidió al fiscal general que asegure a los detenidos acceso a abogados de su elección y el respeto a sus derechos legales.
La ONG reveló que al menos 700 personas están siendo acusadas de delitos como terrorismo e incitación al odio, basados en denuncias de ONG locales. Además la ONG, informó que hay evidencia de que los detenidos están incomunicados, sin acceso a asistencia legal, y en riesgo de malos tratos y tortura, ya que han sido trasladados a prisiones de máxima seguridad.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las autoridades han llevado a cabo numerosas detenciones arbitrarias, con el fiscal general reportando al menos 1,062 personas arrestadas.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora en Venezuela, ha condenado lo que califica como “violencia de Estado” en respuesta a las detenciones y persecuciones contra quienes no aceptan los resultados oficiales de las elecciones. La exdiputada Delsa Solórzano, en nombre de la coalición, destacó la violencia estatal contra la ciudadanía y denunció el vandalismo en la sede del partido Vente Venezuela, que sirvió como comando de campaña del antichavismo.