La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que desde 2022 se han registrado 2 mil 47 casos confirmados de viruela símica (Mpox) en la capital, aunque aclaró que no se trata de un brote de la enfermedad. Durante su intervención ante la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, como parte del Sexto Informe de Gobierno, la funcionaria explicó que desde que la viruela símica fue declarada una enfermedad a vigilar a nivel mundial, se han analizado 2 mil 472 posibles casos, de los cuales mil 820 resultaron positivos en 2022.
En lo que va de 2023, se han estudiado 247 casos sospechosos, confirmándose 77 de ellos, mientras que en 2024 se han analizado 113 casos, con 37 positivos. López Arellano subrayó que se ha implementado una «búsqueda intensiva» de posibles casos en conjunto con las clínicas Condesa, destacando que la enfermedad es más común en hombres que tienen sexo con otros hombres o personas que participan en «prácticas sexuales de riesgo».
Durante su comparecencia, la secretaria reiteró que la viruela símica se transmite por contacto cercano, no necesariamente sexual, y que su evolución debe ser monitoreada hasta que los síntomas desaparezcan. Afirmó que la vigilancia continúa, y descartó un rebrote en la capital.
En la sesión, legisladores del PAN expresaron preocupaciones sobre la falta de medicamentos en el sistema de salud capitalino. El diputado Ricardo Rubio Torres afirmó que aún existen carencias, a lo que López Arellano respondió que el suministro de medicamentos está por encima del 90% en los centros de salud, y que aunque hubo insuficiencias en algunos lugares, actualmente el abasto de los 160 medicamentos esenciales está en un 93%.
Por otro lado, la secretaria habló sobre los avances en la transición hacia el IMSS-Bienestar, mencionando que el sistema ya tiene capacidad para atender a 4.2 millones de capitalinos sin seguridad social, aunque reconoció que la credencialización de los beneficiarios avanza lentamente. No obstante, aseguró que ninguna persona, incluidos los migrantes, es rechazada por falta de documentos, ya que «la salud es un derecho».