El gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, ha propuesto la incorporación temporal de fuerzas especiales extranjeras para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Esta medida, anunciada por la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia, responde a la creciente amenaza del narcoterrorismo en el país.
El comunicado oficial destaca que el crimen organizado opera a nivel internacional, por lo que es necesario coordinar esfuerzos con países aliados para enfrentarlo de manera efectiva. En este sentido, el presidente ha instruido a la Cancillería para que, dentro del marco constitucional y mediante canales diplomáticos, inicie los acercamientos necesarios para establecer acuerdos de cooperación en seguridad.
Una de las medidas complementarias propuestas por el gobierno es la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución, la cual eliminaría la prohibición de bases militares extranjeras en el país. Esta iniciativa, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional, busca permitir el establecimiento de bases militares internacionales con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
El presidente Noboa ya había manifestado en septiembre de 2023 su intención de modificar la legislación para reintroducir bases militares extranjeras en Ecuador, una política que había sido prohibida desde 2009 bajo la Constitución promulgada durante el gobierno de Rafael Correa. La posible modificación constitucional será sometida a trámite en la Asamblea Nacional y, de ser aprobada, requerirá ser refrendada mediante un referéndum popular.
Ecuador mantiene una estrecha cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, enfocada principalmente en la lucha contra el narcotráfico. Ambos países han firmado acuerdos de cooperación marítima para la intercepción de embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica y Europa. Además, el gobierno ecuatoriano ha acordado la recepción de dos patrulleros de la Guardia Costera de Estados Unidos, bajo la condición de asumir los costos de su reacondicionamiento y traslado.
Esta iniciativa se enmarca en la declaración de «conflicto armado interno» realizada en enero de 2024 por el gobierno ecuatoriano, con el fin de intensificar las acciones contra las mafias y redes delictivas. La propuesta del ingreso de fuerzas extranjeras y la reforma constitucional plantean un cambio significativo en la política de seguridad del país, con el objetivo de mejorar la eficacia en el combate contra el crimen organizado.