Un precedente jurídico con raíces en el siglo XVIII acaba de ser activado en pleno siglo XXI. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al presidente Donald Trump a aplicar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la deportación de migrantes venezolanos. Se trata de una normativa de tiempos de guerra que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial.
La decisión, tomada por mayoría conservadora con cinco votos contra cuatro, establece que los migrantes señalados por presunta vinculación con pandillas deben tener una audiencia judicial antes de ser expulsados del país. Este requisito busca garantizar cierto grado de protección legal en medio de una aplicación excepcional de la ley.
Sin embargo, los procesos legales deberán desarrollarse exclusivamente en el estado de Texas, una postura que refuerza el control regional y limita la intervención de tribunales en Washington. La Corte precisó que el gobierno tiene la obligación de ofrecer un “tiempo razonable” para que los acusados recurran a los tribunales antes de su deportación.
Los jueces liberales de la Corte expresaron su rechazo con firmeza. Acusaron al gobierno de intentar esquivar la revisión judicial del caso y criticaron que la Corte Suprema respaldara lo que consideraron una táctica evasiva. “La corte ahora recompensa al gobierno por su comportamiento”, afirmaron en su postura disidente, en la que también se sumó la jueza conservadora Amy Coney Barrett, aunque sólo en ciertos puntos.
La administración Trump sostiene que la banda criminal Tren de Aragua, de origen venezolano, ha extendido su influencia en territorio estadounidense. Además, el expresidente ha afirmado que dicha organización tiene vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, lo que justificaría su clasificación como una amenaza interna.
Bajo esa narrativa, Trump invocó el pasado 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, promulgada en 1798, otorga al presidente autoridad para expulsar a ciudadanos extranjeros considerados peligrosos, sin necesidad de una vista judicial previa. Su reactivación marca un momento legal y político de gran impacto, con implicaciones directas sobre la comunidad migrante venezolana y la política migratoria en general.
El debate en torno a esta decisión continúa dividiendo opiniones dentro del sistema judicial estadounidense, mientras organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre las consecuencias de aplicar normativas de guerra en contextos migratorios actuales.
La medida añade una nueva capa de complejidad al ya tenso panorama migratorio de Estados Unidos, en una coyuntura donde las decisiones legales adquieren un peso electoral y simbólico creciente.