Con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tras meses de revisión técnica, el Congreso de la Unión ha aprobado reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas modificaciones permiten que ejidatarios, comuneros y jornaleros puedan poseer armas específicas en sus domicilios, reconociendo prácticas culturales y necesidades particulares sin comprometer la seguridad nacional.
El dictamen establece que podrán tener escopetas de cualquier calibre, excluyendo aquellas con cañón menor a .635 mm o superior a 18.5 mm. Además, se les autoriza portar pistolas semiautomáticas de hasta 9 mm y revólveres no mayores a .38 especial, con excepción del .357 magnum. Estas disposiciones también aplican a practicantes de tiro y caza deportiva registrados ante Sedena, quienes podrán tener hasta diez armas en sus domicilios, durante el transporte y en zonas autorizadas de cacería o entrenamiento.
El diputado morenista Humberto Coss y León Zúñiga destacó que estas modificaciones otorgan certeza jurídica y respetan libertades legítimas sin poner en riesgo el orden público. La reforma toca 59 artículos y añade elementos importantes para la regulación precisa del uso de armamento en diversos contextos.
Luis Arturo Oliver Cen, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, explicó que la iniciativa, enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, pasó por un análisis detallado donde se detectaron inconsistencias y se identificaron áreas de oportunidad. La propuesta requirió una prórroga legal de 90 días para su revisión, comenzando en noviembre del año pasado, lo que motivó múltiples encuentros con Sedena para afinar su viabilidad.
Uno de los ajustes más relevantes se presenta en el artículo 2, que delega la aplicación de la ley al Ejecutivo Federal, la Sedena y otras autoridades federales, excluyendo así a la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se mantiene la obligatoriedad de los requisitos para tramitar licencias de portación: modo honesto de vivir, cumplimiento del Servicio Militar Nacional, estabilidad mental y física, y justificación clara de la necesidad de portar un arma.
El diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano, valoró la implementación del Registro Federal de Armas de Fuego como un avance hacia la transparencia y el control. Este registro contempla nuevas obligaciones como la manifestación obligatoria de armas en un plazo de 30 días tras el fallecimiento del propietario y el reporte detallado de armas en instituciones con licencias colectivas.
Además, se incorporan definiciones más precisas para regular y controlar el uso de artefactos explosivos, especialmente aquellos manipulados a distancia como los drones, los cuales han sido utilizados por organizaciones criminales en entidades como Michoacán.
Desde el Partido Acción Nacional, María del Rosario Guzmán Avilés advirtió sobre el aumento en el tráfico ilegal de armas, estimando que hasta 700 unidades entran diariamente al país. Esta realidad ha llevado a que algunas regiones rurales vivan bajo una constante amenaza, acentuada por el uso de armamento de alto calibre y tecnologías bélicas cada vez más accesibles.
El paquete de reformas marca un nuevo capítulo en la legislación armamentista en México, con un enfoque que pretende equilibrar tradición, seguridad y control estatal.