Un fallo contundente ha marcado un precedente en el uso indebido de la Inteligencia Artificial en México. Diego «N», exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de almacenamiento de pornografía infantil. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó también la imposición de una multa de 103 mil 740 pesos como parte del fallo.
Los hechos salieron a la luz el 6 de octubre de 2023, cuando varias alumnas del IPN descubrieron en una iPad más de 50 mil imágenes manipuladas mediante Inteligencia Artificial. Las fotografías, obtenidas sin consentimiento, habían sido modificadas para crear contenido sexualizado. Las afectadas identificaron al exalumno y expusieron la situación a través de una cuenta en Instagram. La denuncia pública fue el detonante que llevó a la apertura de ocho investigaciones formales ante la Fiscalía capitalina.
El proceso judicial se condujo bajo el marco de la Ley Olimpia, una legislación que protege los derechos digitales de las personas y combate la violencia en línea. Durante 2024, Diego «N» fue procesado inicialmente por el delito de violencia digital, pero fue absuelto de ese cargo. No obstante, una carpeta de investigación paralela por pornografía infantil lo mantuvo bajo custodia.
Casi dos años después del descubrimiento, se dictó una sentencia condenatoria. A pesar de la gravedad de los hechos, el juez no ordenó el pago por reparación del daño, argumentando que se trató de un delito de “resultado formal”. Esta resolución ha generado opiniones divididas en redes y entre especialistas, que ven en el caso una señal de alerta sobre los riesgos del uso malintencionado de la tecnología.
Este caso ha reavivado el debate sobre la ética digital, la seguridad en entornos educativos y el uso de herramientas de inteligencia artificial. La sentencia sienta un precedente jurídico importante al vincular el uso de IA con la producción de contenido ilegal, dejando claro que la tecnología, aunque poderosa, no está exenta de regulación ni de consecuencias legales.
En medio de una era tecnológica en constante evolución, este veredicto resalta la urgencia de establecer límites y reforzar la legislación sobre el uso de imágenes personales y herramientas digitales. Las víctimas, cuya valentía y acción impulsaron el proceso legal, representan un llamado a la acción para prevenir nuevos casos y proteger la integridad de los jóvenes en el entorno digital.