Diversas organizaciones especializadas en temas digitales lanzaron un llamado al Senado de la República para que comparta el texto actualizado de la nueva Ley de Telecomunicaciones antes de que sea sometido a votación en un periodo extraordinario. Esta solicitud busca garantizar que las modificaciones al proyecto mantengan coherencia con lo discutido en los conversatorios previos organizados por la cámara alta.
Las agrupaciones enfatizan que el contenido legislativo debe respetar el marco originalmente planteado durante esos encuentros y evitar la introducción de temas que no fueron consultados ni debatidos con los actores del sector. De acuerdo con su pronunciamiento, el riesgo de no hacerlo sería alto: inseguridad jurídica, duplicidad normativa, exceso de regulación y barreras para la innovación y la inversión en el país.
En el documento difundido, la Alianza por una Internet Abierta, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, así como la International Chamber of Commerce México (ICC México), coincidieron en que el diálogo previo fue un avance importante, pero subrayaron que, sin la inclusión de los aportes técnicos del ecosistema digital, se perdería una oportunidad clave para fortalecer el contenido de la ley.
Estas organizaciones expresaron que el nuevo texto debe reflejar las voces del sector digital, tomando en cuenta su experiencia, conocimiento técnico y perspectiva global. También señalaron que, desde la visión internacional y las mejores prácticas regulatorias, resulta indispensable mantener una separación clara entre los servicios de telecomunicaciones, que requieren gestión de recursos escasos como el espectro, y los servicios digitales, considerados como servicios de valor agregado con un carácter global.
Uno de los puntos técnicos más señalados es el artículo 3, que incorpora definiciones como “plataforma digital”, “proveedor de plataformas digitales” y “servicio digital”. Según los expertos, estas categorías, tal como están formuladas, amplían de forma ambigua el alcance de la ley a sectores que no forman parte del marco regulatorio de las telecomunicaciones.
Por otro lado, las organizaciones celebraron la eliminación del artículo 109, una medida que consideraron positiva, aunque subrayaron la importancia de que esta decisión se mantenga en la versión definitiva que llegue al Pleno. El texto aún está en fase de revisión dentro de las comisiones senatoriales, pero la posibilidad de que se vote sin la difusión del nuevo contenido preocupa al sector.
El documento reitera la importancia de que el proceso legislativo sea transparente, participativo y técnicamente sólido, para asegurar que la normativa resultante impulse la conectividad, respete la libertad digital y fomente un entorno favorable para la innovación tecnológica en México.