Otra vez el reloj judicial se detiene. El nombre de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los rostros más conocidos del narcotráfico en México y cofundador del Cártel de Sinaloa, volvió a ser noticia, no por una sentencia, ni por una aparición pública, sino por el aplazamiento, por segunda vez en lo que va del año, de su esperada audiencia ante una corte federal en Nueva York.
Esta vez, el juez Brian Cogan, que dirige este caso y que muchos recordarán por haber presidido también el juicio contra Joaquín «El Chapo» Guzmán, fijó como nueva fecha el 25 de agosto. ¿La razón? Un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, quienes enviaron una carta conjunta solicitando al menos 60 días más para continuar preparando sus respectivas posturas.
El caso de «El Mayo» es mucho más que una audiencia más en la agenda judicial estadounidense. Estamos hablando de un hombre de 77 años, con 17 cargos federales en su contra, todos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Una figura clave en el entramado del narcotráfico internacional, cuya historia se entrelaza con la de «El Chapo» y el crecimiento del Cártel de Sinaloa.
Este cambio de fecha no solo significa más tiempo para revisar pruebas. También implica decisiones críticas que podrían definir el curso del proceso. La fiscalía notificó que aún está en evaluación una posible petición de pena de muerte. Sí, la pena capital. Esto, por supuesto, ha encendido alarmas en la defensa del acusado, que estaría considerando llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar ese desenlace extremo.
Además, el proceso ha estado bajo la lupa de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), una norma estadounidense que regula cómo se maneja la información sensible en juicios federales. Esta parte, poco conocida pero crucial, complica aún más el caso y retrasa el camino hacia una resolución.
Cabe recordar que Zambada fue detenido en julio de 2024 al llegar a EE. UU. en circunstancias que, según su versión, ocurrieron bajo engaño. Desde entonces, incluso escribió al gobierno mexicano solicitando su repatriación, intentando así esquivar el castigo más severo que podría recibir.
Por ahora, todo queda en pausa hasta el 25 de agosto. La tensión continúa y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán clave no solo para su destino, sino también para el rumbo judicial del narcotráfico internacional.