Con 34 votos a favor y 12 en contra, diputados de Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron reformas clave que trasladan las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las modificaciones incluyen ajustes a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Este movimiento legislativo se integra a la reforma constitucional de simplificación orgánica. Según el dictamen aprobado, el Inegi será ahora el responsable de medir la pobreza y evaluar de forma integral la política de desarrollo social en México. La propuesta fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para ser discutida y votada en el pleno.
De acuerdo con el dictamen, la política de desarrollo social se entiende como el conjunto de acciones, programas y proyectos destinados a reducir la desigualdad, la pobreza, el rezago y la exclusión social, promoviendo un desarrollo equitativo y sostenible. A partir de la entrada en vigor de estas reformas, el Inegi actualizará los lineamientos y criterios técnicos que definen, identifican y miden la pobreza en el país
En el texto aprobado se establece que la información recabada deberá garantizar comparabilidad y homogeneidad, manteniendo la posibilidad de estimar indicadores históricos a través del tiempo y en diferentes regiones. Esta continuidad busca preservar el valor de los datos acumulados por el Coneval durante años, sin alterar la base estadística que ha servido para formular políticas públicas.
Asimismo, los proyectos y recursos que integren la política de desarrollo social serán considerados prioritarios y de interés público. Por ello, estarán sujetos a evaluación constante. El Inegi publicará un informe general de resultados en su portal institucional, conforme a lo previsto por las leyes de transparencia.
Durante la discusión, el diputado petista Jorge Armando Ortiz argumentó que la iniciativa permitirá armonizar la legislación con la Constitución, optimizar la estructura del Estado y fortalecer la evaluación de las políticas sociales. Señaló también que esta reestructuración eliminará duplicidades, delimitará funciones y establecerá alcances claros para las instituciones involucradas.
La decisión de transferir funciones entre organismos ocurre en un contexto legislativo en el que se promueve la eficiencia institucional y la centralización de tareas estratégicas en organismos con experiencia técnica, como el Inegi, cuya labor estadística es reconocida tanto a nivel nacional como internacional. La siguiente etapa será la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá el destino final del dictamen.