Un juez del estado de Florida sentenció a seis hombres responsables de operar una red de tráfico ilegal de armas de uso militar dirigidas a cárteles de la droga en México. La condena fue confirmada este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), tras una investigación que expuso la compleja operación transnacional de tráfico de armamento de alto poder.
El grupo criminal, encabezado por Ángel Velázquez Delgado, adquiría armas de alto calibre en territorio estadounidense con el propósito de revenderlas a organizaciones del crimen organizado en México. Según el DOJ, los tipos de armas involucradas en el tráfico incluían piezas perforantes, antimaterial y otras diseñadas para uso exclusivamente militar.
Las penas impuestas a los seis implicados, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 34 años, van desde los dieciocho meses hasta los nueve años de prisión. La gravedad de los delitos y el riesgo que representaron para la seguridad internacional fueron considerados en la imposición de las condenas.
“Estos individuos han traficado armas de alto calibre de uso militar a peligrosos miembros de cárteles mexicanos, lo que ha supuesto un grave riesgo para la salud y la seguridad de terceros«, declaró el fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, en el comunicado oficial.
La investigación inició en mayo de 2023, bajo la coordinación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Las autoridades estadounidenses comenzaron a rastrear las actividades del grupo en el Distrito Medio de Florida, zona donde operaban con discreción y mediante canales ilegales de adquisición y distribución de armamento.
El caso también contó con colaboración internacional. A través del programa eTrace —una herramienta de rastreo electrónico de armas recuperadas—, las autoridades mexicanas lograron identificar al menos un arma de fuego que había sido enviada desde Estados Unidos y encontrada en territorio mexicano, confirmando el vínculo directo entre la red criminal y los cárteles del país.
La sentencia marca un precedente en los esfuerzos conjuntos de ambos países para frenar el tráfico de armas ilegales que alimenta la violencia en México. También refuerza la vigilancia sobre operaciones dentro de Estados Unidos que proveen de armamento a organizaciones criminales del otro lado de la frontera.