La Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso para que autoridades especializadas en extinción de dominio intervengan al menos 14 inmuebles relacionados con una red de “huachicol” fiscal que involucra a elementos de la Secretaría de Marina y a un exdirector del Sistema Portuario Nacional.
Los bienes bajo investigación incluyen casas y departamentos localizados en fraccionamientos de lujo en seis entidades: Veracruz, Ciudad de México, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California. Según el expediente en poder estas propiedades estarían vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
La indagatoria señala a cinco integrantes de la Marina y a un exfuncionario federal como presuntos responsables. Entre ellos se encuentran el capitán Clímaco Aldape Utrera; el capitán Miguel Ángel Solano Ruíz, identificado como “Capitán Sol”; el capitán Víctor Hugo Perry Pérez; y Francisco Javier Antonio Martínez, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas del Sistema Portuario Nacional Tampico. También figura el exdirector de la Aduana de Ensenada, Baja California.
Las propiedades se relacionan directamente con los hermanos Farías Laguna, señalados como posibles líderes de la red de “huachicol” fiscal. De acuerdo con la información disponible, son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda, actual secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El mecanismo de “huachicol” fiscal al que apunta la FGR habría permitido la creación de estructuras financieras y patrimoniales a partir de ingresos ilegales, que se habrían traducido en la adquisición de bienes inmuebles de alto valor en distintas zonas del país. Los domicilios identificados se ubican en áreas residenciales con altos estándares de seguridad y plusvalía.
La FGR trabaja en coordinación con instancias de extinción de dominio para que los bienes pasen a manos del Estado mientras avanzan las investigaciones sobre su origen y las posibles responsabilidades de los implicados.
El caso se perfila como uno de los más relevantes en el combate al desvío de recursos relacionados con la evasión y manipulación fiscal, ahora conectado con altos mandos de la Marina y con funcionarios vinculados a la administración portuaria. La investigación busca esclarecer la magnitud de la red, así como la ruta de los capitales utilizados para la compra de propiedades en distintos estados de la República.
La lista de inmuebles sujeta a intervención es parte de un expediente que conecta operaciones financieras irregulares con estructuras familiares y militares, lo que amplía el alcance del caso y lo coloca en el centro de atención por las implicaciones que tiene en materia de seguridad, administración pública y combate a la corrupción.