La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de una investigación federal en la que figura Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y actual dueño de Miss Universo. La dependencia informó que Rocha Cantú es una de las 13 personas contra las que se emitieron órdenes de aprehensión hace diez días por presuntos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de combustible conocido como “huachicol” y tráfico de armas.
A través de un comunicado, la fiscalía detalló que los señalamientos contra Rocha Cantú forman parte de una carpeta de investigación activa. En el documento se explicó que, en el caso del empresario, identificado como Raúl “R”, se han obtenido datos calificados como fundamentales para que el Ministerio Público Federal continúe y profundice en las indagatorias. La autoridad precisó que la información disponible hasta ahora corresponde únicamente a los avances del procedimiento y será ampliada cuando se ejecuten las órdenes pendientes
La FGR no especificó si el empresario ha ingresado o no al programa de testigos protegidos, aunque señaló que la situación jurídica del implicado será dada a conocer cuando existan elementos de prueba ratificados con certeza. La institución añadió que el proceso se mantiene en curso y que su política es comunicar únicamente datos confirmados.
Paralelamente, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que una orden de aprehensión contra Rocha Cantú fue emitida el pasado 15 de noviembre, previo a la final del certamen Miss Universo. De acuerdo con la información revelada, el empresario habría llegado a un acuerdo con autoridades federales horas antes del evento. Sin embargo, la fiscalía no se pronunció sobre este señalamiento y limitó su postura a lo descrito en su comunicado oficial.
Dentro de la investigación, las autoridades han documentado una red presuntamente dedicada a la adquisición de combustible robado proveniente de Guatemala. Según la información disponible, la organización introducía el hidrocarburo sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente y operaba a través de centros logísticos instalados en Querétaro. En ese estado, de acuerdo con la carpeta, existían al menos tres empresas de papel utilizadas para facturar el combustible e incorporarlo al mercado formal.
El caso también incluye un esquema privado para la compra, transporte y rematriculación de armamento destinado a abastecer al combustible en Tamaulipas y al grupo Sombra en Veracruz. Los reportes señalan que las armas contaban con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal dentro del territorio nacional y facilitaba su entrega a integrantes de dichas organizaciones criminales.
La FGR aseguró que continuará avanzando en las indagatorias y difundirá más información conforme se ejecuten las órdenes de aprehensión relacionadas con la red investigada.