El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, explicó públicamente las razones detrás de la renovación de las camionetas asignadas a los ministros, luego de que la adquisición generara una amplia discusión en la opinión pública. De acuerdo con el titular del máximo tribunal, la decisión no estuvo relacionada con amenazas a la seguridad personal de los ministros, sino con problemas mecánicos recurrentes en los vehículos heredados de la integración anterior.
Durante una conferencia de prensa convocada para abordar el tema, Aguilar Ortiz detalló que las unidades presentaban fallas constantes que afectaban su funcionamiento. Relató que se registraron incidentes en los que los vehículos se detenían durante los trayectos, no encendían, mostraban daños en la suspensión e incluso se rompieron rines tras caer en baches. Estas condiciones, afirmó, motivaron la necesidad de sustituirlas.
El ministro presidente también precisó que cada camioneta tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos, cifra que incluye el blindaje. Subrayó que este monto fue uno de los elementos que detonó la polémica, particularmente después de que el pasado viernes comenzaran a circular en redes sociales imágenes de las nuevas unidades. Posteriormente, la propia Suprema Corte confirmó su adquisición, señalando que el objetivo era reforzar la seguridad y protección de sus integrantes.
No obstante, ante las críticas recibidas, el máximo tribunal informó que los ministros optaron por no hacer uso de las camionetas. En ese contexto, Aguilar Ortiz adelantó que los vehículos no quedarán sin destino y que serán reasignados a otros integrantes del Poder Judicial que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
“Todo el Poder Judicial requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo”, señaló el ministro presidente, al explicar que la determinación apunta a reconducir las unidades y ponerlas a disposición de juzgadores cuya labor implica condiciones de seguridad más complejas.
Aguilar Ortiz reiteró que la Suprema Corte mantendrá el principio de austeridad como eje en el manejo de los recursos públicos, sin descuidar el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades. En ese sentido, justificó la necesidad de contar con vehículos institucionales que permitan a los trabajadores realizar traslados vinculados a sus funciones.
En la conferencia estuvieron presentes Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, así como los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres no asistieron por motivos de salud, mientras que Loretta Ortiz se encontraba en Costa Rica participando en un evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, tanto Aguilar Ortiz como Vargas Solano aseguraron que el proceso de adquisición será transparente. Informaron que se dará a conocer el contrato correspondiente, así como el nombre del proveedor beneficiado con la compra de las camionetas, como parte del compromiso institucional de rendición de cuentas.