La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, advirtió que en México la violencia contra mujeres y niñas se encuentra en “niveles epidémicos y alarmantes”, impulsada por funcionarios, el crimen organizado e incluso entornos familiares. La declaración se realizó durante un encuentro internacional para la erradicación de la violencia de género organizado por la Cámara de Diputados.
Ante legisladores, Alsalem señaló que persisten desapariciones de mujeres y fallas estructurales tanto en las investigaciones como en la reparación del daño. Subrayó que “no hay apoyo suficiente a las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas” y atribuyó la magnitud del fenómeno a la impunidad y a la falta de acceso efectivo a la justicia.
“La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas”, afirmó, al remarcar que las sobrevivientes enfrentan sesgos de género, revictimización, retrasos procesales e instituciones con recursos limitados. También mencionó la presencia de estereotipos discriminatorios que obstaculizan el acceso a la justicia.
La relatora recordó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha señalado para México obstáculos estructurales, entre ellos la limitada autonomía de órganos de supervisión y la falta de resultados medibles. Indicó que la situación es especialmente grave para mujeres indígenas, rurales, migrantes y aquellas en condiciones de pobreza o sujetas a discriminación interseccional.
Alsalem enfatizó que los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de debida diligencia para prevenir, investigar, procesar y sancionar la violencia, además de garantizar recursos centrados en las sobrevivientes y con enfoque informado por el trauma. También llamó a invertir de manera sostenida en el sistema de justicia y en servicios de apoyo.
En su intervención, vinculó el agravamiento de la violencia con la desigualdad estructural, la pobreza, el desplazamiento y la acción del crimen organizado. Añadió que la militarización y las políticas de austeridad adoptadas por diversos Estados han derivado en recortes significativos a refugios para víctimas, asistencia jurídica y servicios de protección, así como en un debilitamiento de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos. “No son decisiones económicas neutrales, son decisiones políticas con consecuencias de género graves”, sostuvo.
Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que mientras persistan violencias “visibles y perniciosas”, se debe continuar denunciando, generar conciencia e impulsar cambios legales para cerrar brechas. Señaló que la erradicación del problema requiere leyes eficaces, presupuestos suficientes, políticas públicas sostenidas y datos confiables que permitan dimensionar la magnitud del fenómeno y orientar decisiones responsables.