La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para regular y reducir las pensiones consideradas onerosas que reciben exfuncionarios públicos. La propuesta modificará el artículo 127 de la Constitución y será presentada próximamente ante la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.
La mandataria informó que existen casos de exservidores públicos que perciben jubilaciones de hasta un millón de pesos mensuales. Con la modificación planteada, esos montos quedarían limitados a un máximo equivalente al salario del titular del Ejecutivo federal. Detalló que, tras la eventual aprobación de la reforma en el Congreso, quienes actualmente reciben un millón de pesos mensuales pasarían a percibir 70 mil pesos.
La consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, explicó que la iniciativa busca delimitar las jubilaciones y pensiones en las instancias públicas mediante cambios al artículo 127 constitucional, el cual regula las remuneraciones de los servidores públicos. Indicó que el ajuste responde a los principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.
Sheinbaum señaló que las personas afectadas podrían intentar impugnar la reforma argumentando inconstitucionalidad; sin embargo, afirmó que “no hay amparo frente a reforma”, en referencia al alcance de las modificaciones constitucionales.
Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que las pensiones más elevadas se concentran en entidades como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y Banobras.
En el caso de Luz y Fuerza del Centro, existen 14 mil extrabajadores pensionados, lo que implica un gasto de 28 mil millones de pesos; cerca del 70% recibe entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. En Pemex se reportan 22 mil 326 personas jubiladas, con un desembolso anual de 24 mil 844 millones de pesos; de ellas, 544 perciben ingresos superiores al salario presidencial.
En la CFE hay 54 mil ocho jubilados bajo el régimen de confianza, con un costo anual de 40 mil 950 millones de pesos, y 2 mil 199 superan el ingreso de la presidenta. La iniciativa busca establecer un tope constitucional a las pensiones del sector público y redefinir los criterios bajo los cuales se asignan estos beneficios.