La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su desacuerdo con las conclusiones emitidas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada respecto a la situación de desapariciones en México y criticó la solicitud de remitir el caso mexicano con carácter urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El organismo mexicano consideró que la determinación del comité internacional se basa en una interpretación parcial, contradictoria y carente de contexto histórico e internacional.
En un posicionamiento público difundido este sábado, la comisión nacional sostuvo que la evaluación del comité se sustentó principalmente en solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares.
La CNDH también señaló que, antes de recurrir a una intervención internacional de esta magnitud, debieron agotarse las instancias nacionales previstas en la convención correspondiente. Asimismo, acusó al comité de pasar por alto los artículos 30 y 31 del tratado internacional, los cuales establecen las condiciones necesarias para que el organismo intervenga en casos de desaparición forzada.
En su pronunciamiento, la comisión mexicana subrayó que las desapariciones forzadas vinculadas a políticas de Estado corresponden a periodos específicos del pasado, como la denominada “Guerra Sucia”, entre 1951 y 1990, y la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre 2006 y 2012. En contraste, indicó que los casos más recientes requieren ordenar las acciones de búsqueda y fortalecer a las instituciones responsables de localizar a las personas desaparecidas.
El organismo también cuestionó lo que calificó como contradicción en el informe del comité, al considerar que por un lado se afirma que no existen indicios suficientes de una política federal deliberada de desapariciones, mientras que por otro se concluye que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales.
Además, la CNDH defendió su actuación institucional al recordar que desde 2023 ha advertido sobre el uso faccioso de las cifras relacionadas con personas desaparecidas. Detalló que durante la actual administración ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada relacionadas con hechos de años anteriores y cinco más por casos recientes. Los expedientes, según indicó, abarcan desde 1958 hasta 2022 en entidades como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
La comisión también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y la creación de un mecanismo especial de esclarecimiento, al considerar que se trata de fórmulas externas que, a su juicio, no han mejorado previamente la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, criticó a organizaciones no gubernamentales a las que acusó de lucrar y politizar el tema.
Previamente, el Gobierno mexicano había calificado el informe del comité como “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. En contraste, la Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, solicitó aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis de desapariciones impacta a más de 132.000 familias en el país.