La salida del representante diplomático iraní en Buenos Aires se concretó antes del plazo fijado por el gobierno argentino, en medio de un aumento de la tensión política entre ambos países. El consejero y encargado de negocios interino de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó territorio argentino el sábado, dos días después de haber sido declarado persona non grata por la administración del presidente Javier Milei.
La confirmación fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien informó a través de su cuenta en X que el funcionario iraní ya había salido del país. “En cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno argentino, el exencargado de Negocios A.I. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, publicó el canciller.
La decisión del gobierno de Argentina fue anunciada el jueves, luego de la respuesta del régimen de Irán a la reciente inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista argentina de organizaciones terroristas. La medida se produjo tras declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní, quien acusó a Milei y a Quirno de actuar bajo “la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos” y de ser “cómplices de los crímenes cometidos” por su alineamiento con ambos países.
El episodio se desarrolla en un contexto de creciente tensión internacional, luego de más de un mes de escalada en Medio Oriente vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. En ese escenario, el gobierno argentino endureció su postura hacia Teherán, en línea con la relación política del mandatario argentino con el presidente estadounidense Donald Trump. Milei, en distintas intervenciones públicas, calificó a Irán como enemigo y se definió como el dirigente “más sionista del mundo”.
A finales de marzo, la administración argentina incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Esta resolución permite el congelamiento de bienes y activos, además de impedir cualquier operación dentro del sistema financiero argentino.
Las autoridades argentinas sostienen que los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 contaron con planificación, financiamiento y ejecución con participación del régimen iraní. El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos, considerado el mayor atentado terrorista en la historia del país.
Además, la justicia argentina ha señalado que la Guardia Revolucionaria iraní habría entrenado y financiado al grupo político-paramilitar Hezbolá, identificado como el ejecutor de ambos ataques.
En el comunicado difundido el jueves, el gobierno argentino reafirmó su postura y señaló que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.