La relación de cooperación entre el gobierno de Ecuador y Estados Unidos quedó formalmente planteada en el marco de las investigaciones que puedan derivarse del caso del empresario colombiano Alex Saab, trasladado esta semana a territorio estadounidense tras su deportación desde Venezuela.
El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que Ecuador participará en las indagaciones que se activen a partir de la información que se obtenga en ese proceso judicial. En su declaración a medios sostuvo:
«Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas»
Dentro de ese mismo contexto, el funcionario señaló que el material que surja del proceso de Saab en Estados Unidos podría derivar en insumos para investigaciones en distintos países de la región. En ese sentido expresó que espera que «lo que diga (Saab) en la extradición» se traduzca en información y paquetes de inteligencia útiles para avanzar en pesquisas vinculadas a sus operaciones.
Las declaraciones del ministro también incluyeron señalamientos sobre el alcance de las presuntas relaciones del empresario. Reimberg afirmó que Saab no habría actuado exclusivamente como intermediario de un solo actor político y sugirió la posible participación de otros dirigentes de distintos países. Además, vinculó la gestión del gobierno de Nicolás Maduro con la administración del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al señalar que trabajaron «cogidito de la mano».
Tras la deportación del empresario a Miami, el ministro añadió: «muchos deben estar ahora nerviosos», además de mencionar que algunos podrían estar buscando «dónde esconderse» y que «nada de esto va a quedar en impunidad».
Saab, cercano al presidente venezolano, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito mediante contratos públicos y por presuntamente actuar como testaferro de Maduro.
En el caso ecuatoriano, el expediente ya había tenido antecedentes vinculados a la empresa Foglocons, constituida en Guayaquil y asociada a uno de sus socios, según un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de 2021, cuando fue presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La investigación determinó que en 2011 Foglocons firmó un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de viviendas, mientras que los materiales habrían sido enviados desde Ecuador mediante operaciones consideradas falsas. Estas transacciones se canalizaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), impulsado por la ALBA, lo que permitió el movimiento de recursos entre ambos países.
La Fiscalía de Ecuador abrió una primera fase de investigación, aunque el proceso fue anulado en 2016. Posteriormente, en 2021, la fiscal general Diana Salazar presentó ante la Asamblea una denuncia sobre la “impunidad” en el caso y señaló a jueces por decisiones que habrían favorecido su cierre.