La Consejería Jurídica de la Presidencia de México enfrenta uno de los mayores desafíos en ciberseguridad de los últimos años. Un presunto ataque cibernético habría sustraído 313 gigabytes de información sensible, según reportes del sitio Cybernews, y el grupo conocido como RansomHub estaría exigiendo un rescate bajo la amenaza de publicar los datos en la Dark Web si no se cumple con sus demandas en un plazo de 10 días.
El ataque, que aún está siendo investigado, ha generado una ola de preocupación. “Sobre el tema del hackeo, apenas hoy me van a entregar un informe”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, confirmando que su gobierno ya está trabajando en el análisis de lo sucedido.
La información robada podría incluir contratos gubernamentales, datos financieros e información personal de empleados federales, de acuerdo con la muestra de archivos que el grupo publicó como prueba de su acción. Esta amenaza pone en jaque la seguridad de los sistemas informáticos del gobierno y destaca la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección en el manejo de datos sensibles. “La situación es alarmante porque estos ataques no solo buscan un beneficio económico, sino que exponen vulnerabilidades críticas en los sistemas del gobierno. Es un llamado a la acción inmediata”, comentó un experto en ciberseguridad.
Este no es el primer incidente de este tipo en la Oficina de la Presidencia. En enero de este año, la filtración de datos personales de 263 periodistas acreditados para cubrir eventos presidenciales puso en evidencia brechas significativas en los sistemas de seguridad. En aquel momento, las autoridades atribuyeron la fuga de información al uso indebido de una contraseña por parte de un exempleado.
Aunque aún no se ha confirmado si el ataque actual también se originó por fallos humanos, el patrón de vulnerabilidades expone un problema recurrente. Este incidente abre nuevamente el debate sobre la inversión en tecnología para proteger datos sensibles. Según analistas, México enfrenta el desafío de modernizar sus sistemas de ciberseguridad frente a un entorno de amenazas globales. “La información es poder, y protegerla debe ser una prioridad. El costo de no hacerlo es demasiado alto”, advirtió un especialista.
Mientras el gobierno analiza los detalles del ataque, el reloj avanza en la cuenta regresiva impuesta por RansomHub. La amenaza de exposición de datos sensibles podría tener implicaciones no solo para los empleados gubernamentales, sino también para la confianza en las instituciones del país. Este caso refuerza la urgencia de implementar medidas de ciberseguridad efectivas para prevenir futuras crisis. La protección de la información no es opcional: es una responsabilidad crítica en un mundo cada vez más digital.