El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para catalogar al Tren Maya y otros proyectos federales como temas de seguridad nacional e interés público, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera revés al decreto del 2021.
Este 18 de mayo el máximo tribunal de justicia de la nación invalido en su totalidad el decreto del Ejecutivo federal expuesto en noviembre del 2021, el cual fue controvertido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No obstante, luego de que se diera el fallo por el órgano judicial, el primer mandatario federal demandó una nueva clasificación para que el Tren Maya, el Tren Interoceánico y las obras del Aeropuerto de Palenque, Chiapas, Cozumel y Tulum fueran protegidos.
El presidente de la República, haciendo uso del artículo de 89 constitucional, consideró que el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) tiene como objetivo “articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz”, por lo que el Gobierno de México “entiende la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado”.
El decreto puntualiza que los proyectos del sur de país sean tratados bajo el entendimiento de seguridad nacional que implica “la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas, y el establecimiento de las condiciones de justicia paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible de la nación”
Con la mayoría de los votos, el máximo órgano de justicia de la nación descartó el primer decreto del titular del Ejecutivo federal el cual buscaba, de igual manera, asegurar como un tema federal los proyectos infraestructurales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería Dos Bocas.
La controversia fue emitida por el INAI —dependencia que hoy sigue en controversias tras su inactividad— y descartada por la Suprema Corté al considerar que vulneraba el acceso a la información.
En contra de la invalidez del primer mandatario federal se pronunciaron los ministros y ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar quienes aseguraron que la controversia presentada se establecía a partir de una premisa equivocada al entender que la calidad de seguridad nacional tenía razones de reserva a la información de las obras.