Las detenciones de migrantes en México alcanzaron 590,401 en los primeros cinco meses de 2024, superando significativamente las 184,857 registradas en el mismo periodo de 2023, lo que representa un aumento del 219.3%.
Un análisis de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) revela que entre enero y mayo de 2023 se detuvieron en promedio a 1,232 personas en situación de movilidad cada día, mientras que en el mismo lapso de 2024, la cifra diaria alcanzó los 4,000 arrestos.
De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Segob, los migrantes venezolanos encabezaron la lista de arrestos con 160,875 detenciones, seguidos por ecuatorianos (61,526), hondureños (52,476), guatemaltecos (50,108) y colombianos (36,596).
Los estados con mayor número de capturas fueron Tabasco (276,722), Chiapas (191,276), Baja California (26,978), Sonora (13,738) y Veracruz (17,078).
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, advirtió que de mantenerse esta tendencia, en solo cinco meses se superarán las 788,907 detenciones registradas en todo 2023. Rendón atribuye el incremento a la presión ejercida por Estados Unidos, señalando la visita de una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden a finales de 2023 para abordar la política migratoria.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó un aumento en las aprehensiones de personas tratando de ingresar ilegalmente al país en los últimos tres meses de 2023, con cifras de 240,930 en octubre, 242,402 en noviembre y 301,983 en diciembre.
Desde enero de 2024, las capturas en México han aumentado mientras que los arrestos en la frontera norte han disminuido un 25%. Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó que a pesar del aumento de detenciones, los migrantes generalmente no son deportados, sino que son trasladados dentro del país, principalmente a la Ciudad de México, Chiapas y Tabasco, para luego intentar cruzar nuevamente hacia Estados Unidos.
Guillén López recordó que la política migratoria cambió con los acuerdos realizados con el gobierno de Donald Trump, incorporando al Ejército y la Guardia Nacional en tareas de detención. Cristina Hernández Engrandes, académica de la UNAM, destacó que la violencia, la inseguridad, los desastres climáticos y la pobreza continúan impulsando los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
Hernández Engrandes enfatizó que migrar no es un delito y que la actual respuesta del Estado mexicano debería centrarse en los derechos humanos, conforme a instrumentos internacionales como el Pacto de Marrakech. Advirtió que la política migratoria actual está más orientada hacia la seguridad fronteriza y no aborda adecuadamente la crisis humanitaria en la región.