La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora informó que dos personas más fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s ubicada en Hermosillo, hecho en el que perdieron la vida 23 personas y un bebé en gestación, además de que 12 personas resultaron lesionadas. Con estas nuevas imputaciones, ya son nueve los implicados procesados en la investigación, entre ellos seis personas físicas y una persona moral.
De acuerdo con la autoridad estatal, durante la audiencia más reciente, a los dos nuevos imputados se les formularon cargos por los delitos de homicidio culposo, aborto imprudente, lesiones, daños e incumplimiento de un deber legal. Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que ambos continúen su proceso en libertad, sujetos a diversas medidas cautelares.
Entre las restricciones impuestas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, la firma mensual, el otorgamiento de una garantía económica, la prohibición de salir del estado de Sonora y la restricción de acercarse o comunicarse con las víctimas. Estas medidas buscan asegurar la comparecencia de los imputados durante el desarrollo del proceso penal.
La FGE detalló que el juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, el Ministerio Público continuará con el fortalecimiento de los datos de prueba con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. “Se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se continuarán fortaleciendo los datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos”, señaló la fiscalía.
En el marco de esta audiencia, la autoridad judicial resolvió no vincular a proceso a uno de los implicados, al considerar prescrita la acción penal. Ante esta determinación, la Fiscalía de Sonora anunció que interpondrá el recurso de apelación correspondiente para impugnar la resolución.
Cabe recordar que el pasado 27 de enero, la FGE informó que, en el caso del representante legal de la empresa, el juez había determinado la imposición de la prisión preventiva justificada. No obstante, dicha medida no se ejecutó debido a que el imputado promovió un juicio de amparo, lo que derivó en la suspensión de la orden.
El incendio se registró el 1 de noviembre, durante las celebraciones del Día de Muertos, cuando el establecimiento comercial se encontraba en operación. El siniestro dejó un saldo de 23 personas fallecidas, la pérdida de un producto en gestación y 12 personas lesionadas, hechos que dieron inicio a una investigación que continúa en curso bajo la conducción del Ministerio Público estatal.