Tres años después de su apertura, el proceso penal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la facción de “Los Chapitos” continúa ampliándose y ahora incorpora a figuras políticas de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya.
El expediente, identificado como 23-cr-180 y encabezado por la jueza Katherine Polk Failla, fue iniciado en abril de 2023 por la Fiscalía estadounidense contra Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con otros 21 implicados. Ambos permanecen prófugos.
Según la acusación, esta facción del Cártel de Sinaloa operaba la red de tráfico de fentanilo “más grande, violenta y prolífica del mundo”, apoyándose en sicarios para mantener el control y en esquemas de lavado de dinero derivados de la venta de drogas.
Con el paso del tiempo, el caso ha sumado nuevos nombres. En 2025 se agregaron tres presuntos colaboradores cercanos, entre ellos Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, quienes fueron extraditados desde México el 12 de agosto junto con otros narcotraficantes requeridos por autoridades estadounidenses.
La investigación sostiene que la organización utilizaba sobornos y actos de corrupción para asegurar sus operaciones. Bajo esa línea, la acusación ahora incluye a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cazarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y a otros siete funcionarios y exintegrantes de corporaciones de seguridad. Estados Unidos los señala por presuntamente recibir pagos de cientos de miles de dólares para permitir las actividades del grupo en Sinaloa.
Hasta ahora, siete personas han sido presentadas ante la corte neoyorquina en calidad de detenidos. Entre ellos también figura Néstor Isidro Pérez Salas, extraditado en mayo de 2025, a quien se le atribuye el asesinato de un informante de la DEA y de ocho familiares en Sinaloa en 2023.
Parte de la estructura vinculada al tráfico de fentanilo permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentra Ismael Zambada García.
En paralelo, las autoridades estadounidenses mantienen recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hermanos Guzmán Salazar. Sus hermanos, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ya se declararon culpables de cargos relacionados con narcotráfico y esperan sentencia en una corte federal en Chicago.