La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reformas al Código Civil de la Ciudad de México que establecen el registro obligatorio de contratos de arrendamiento en una plataforma digital administrada por el gobierno capitalino, como parte de las nuevas reglas que regulan el mercado de vivienda en la capital.
El pleno de ministros aprobó por unanimidad la segunda parte del proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en la que se reconoce la constitucionalidad del registro de contratos de renta. Esta medida permitirá concentrar información clave sobre los arrendamientos mediante un sistema digital oficial.
Esta resolución se suma a la decisión tomada el 18 de febrero, cuando la Corte avaló el límite al aumento de rentas, el cual deberá ajustarse a la inflación anual registrada el año anterior. Con ello, el máximo tribunal respaldó el mecanismo que busca regular los incrementos en los precios de alquiler.
Durante la discusión del proyecto, uno de los principales puntos de debate fue el alcance de los datos que deberían integrarse en el registro. El ministro ponente explicó que incluir los nombres de arrendadores e inquilinos ayudaría a evitar prácticas que eludan el tope legal, como la renovación anual de contratos con incrementos superiores a la inflación. “El nombre tiene significación para efecto de ver si no se está haciendo fraude a la norma”, explicó Aguilar Ortiz, al referirse a la posibilidad de impedir simulaciones contractuales.
Sin embargo, el proyecto fue ajustado para excluir los nombres de las partes involucradas, debido a preocupaciones relacionadas con el derecho a la privacidad. La versión aprobada establece que el registro deberá contener información sobre la ubicación del inmueble y el monto de la renta, sin incorporar datos personales de los firmantes.
Al emitir su voto, la ministra Lenia Batres señaló que establecer detalles específicos sobre el contenido del registro representa una atribución que corresponde al Poder Legislativo. También destacó la situación del derecho a la vivienda en el país y afirmó que se trata de uno de los derechos humanos con menor protección legal, particularmente en ciudades con alta actividad inmobiliaria.
Como parte de la resolución, la Corte negó el amparo promovido por una empresa inmobiliaria dedicada al arrendamiento de vivienda, que buscaba evitar la aplicación de la reforma aprobada en agosto de 2024.
Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó la validez de las modificaciones legales que regulan el registro de contratos de arrendamiento y el límite al incremento de rentas, consolidando nuevas disposiciones para el control y seguimiento del mercado de vivienda en la capital del país.