El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el pasado viernes el “estado de conmoción” en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, en respuesta a una preocupante escalada de violencia que ha dejado más de 80 muertos y ha desplazado a 36 mil personas en los últimos días. Esta medida, contemplada en la Constitución colombiana, otorga al gobierno poderes extraordinarios por un período inicial de 90 días, prorrogable hasta dos veces, con el objetivo de restablecer el orden público.
La violencia en esta región, marcada por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016, ha sido atribuida a la lucha por el control de un territorio estratégico para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Según analistas, la ruptura de una tregua tácita entre estos grupos habría desencadenado los recientes choques armados.
El estado de conmoción permite al gobierno restringir derechos fundamentales, como la libre circulación, e imponer toques de queda, además de expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación previa del Congreso. También habilita medidas como la modificación del presupuesto gubernamental, la imposición de contribuciones fiscales y el fortalecimiento de las capacidades militares. No obstante, estos decretos están sujetos a un control posterior por parte de la Corte Constitucional, que puede anularlos si no cumplen con las disposiciones legales.
El gobierno ha señalado que las prioridades en el Catatumbo incluyen la atención a las comunidades desplazadas, la inversión social en una región históricamente desatendida y el fortalecimiento del control estatal, especialmente en la producción y comercialización de coca. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se intensificarán las labores de interceptación de comunicaciones y el control de los pasos ilegales en la frontera, de los cuales se calcula que hay más de 50 en Norte de Santander, departamento donde se ubica el Catatumbo.
La decisión de declarar el estado de conmoción ha generado críticas de sectores opositores, que acusan al gobierno de usar esta medida como una estrategia para impulsar leyes que no han sido aprobadas en el Congreso. Petro desestimó estas acusaciones y aseguró que su única intención es devolver la paz a la región afectada.
En paralelo, el presidente colombiano ha iniciado conversaciones con el gobierno venezolano para coordinar un plan conjunto que permita erradicar las bandas armadas y bloquear los pasos fronterizos ilegales. La frontera, de más de 2.200 kilómetros, ha facilitado el movimiento de los grupos armados entre ambos países, dificultando la acción de las autoridades colombianas.